La Fiscalía descartó que los congresistas que viajen a Cuba a dialogar con la guerrilla de las FARC, en el marco del proceso de paz, incurran en alguna falta penal o disciplinaria.

El fiscal general Eduardo Montealegre explicó que las órdenes de captura emitidas contra los delegados de las Farc ‘están suspendidas’ en La Habana, por lo que reunirse con ellos no implica ningún delito.

“No es un delito acudir a La Habana sin permiso del presidente, tampoco que un funcionario acuda a tener conversaciones sobre temas de paz con la guerrilla de las Farc”, sostuvo Montealegre.

La aclaración fue hecha por el fiscal ante la advertencia del procurador Alejandro Ordóñez de que los políticos o funcionarios que viajen a Cuba, sede de los diálogos de paz, a conversar con la guerrilla sin permiso estarían incurriendo en un delito.

Ordóñez anunció la semana pasada la apertura de una indagación preliminar en contra de varios legisladores que al parecer fueron a La Habana presuntamente sin el aval del jefe de Estado colombiano, en gestiones ligadas al proceso de paz.

El procurador consideró entonces que reunirse con integrantes de un grupo armado ilegal como las FARC representa un delito, como quedó establecido en el caso de quienes en el pasado sostuvieron encuentros con jefes paramilitares.

Montealegre aseguró que no se pueden comparar las reuniones entre políticos y las FARC en La Habana con los encuentros que se mantuvieron con los paramilitares, porque en el primero de los casos se busca ‘construir la paz’.

La justicia colombiana tiene bajo investigación a decenas de ex congresistas que se aliaron con grupos armados de extrema derecha para acceder a una curul en el Congreso en las elecciones legislativas de 2002 y 2006.