-Tres altos exdirectivos de Ingeominas y uno de la controvertida empresa “Alma Mater”, fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilitación política por 13 y 11 años, al encontrarlos responsables de irregularidades en la adjudicación de un contrato interadministrativo para realizar proyectos de mejoramiento y desarrollo de la actividad minera en el país.

Por 13 años fueron sancionados Mario Ballesteros Mejía, en su condición de director general de Ingeominas; y José Germán Toro Zuluaga, director ejecutivo de Alma Mater para la época de los hechos.

Y por 11 años César David López Arenas, en su condición de director general encargado de Ingeominas; y Edward Adán Franco Gamboa, en su calidad de director técnico del servicio minero del Ingeominas.

El contrato interadministrativo fue suscrito el 26 de diciembre de 2008 entre Ingeominas y Alma Máter, en desarrollo de un convenio para realizar acciones conjuntas para la contratación y desarrollo de la interventoría de varios convenios para proyectos de mejoramiento y desarrollo de la actividad minera en el territorio nacional I-2008, II-2008.

La Procuraduría indicó que de acuerdo con la investigación, César David López Arenas suscribió el convenio de manera directa con Alma Máter, sin que ésta última pudiera por sí misma cumplir lo pactado con Ingeominas, a tal punto que subcontrató a los particulares que finalmente ejecutaron las interventorías requeridas por la autoridad minera, relacionadas con los convenios para proyectos de mejoramiento y desarrollo de la actividad minera.

Advierte el Ministerio Público que el sancionado utilizó la figura del convenio interadministrativo pese a que no se cumplían los requisitos de ley, con lo cual eludió el proceso de selección mediante concurso de méritos que en este caso correspondía adelantar.

A su turno, el entonces director ejecutivo de Alma Máter, José Germán Toro Zuluaga, suscribió el cuestionado contrato con Ingeominas desfigurando de ese modo la naturaleza de la contratación interadministrativa y fungiendo la Red Alma Máter como un intermediario entre Ingeominas y las firmas subcontratadas.

De otra parte, estableció que Ballesteros Mejía, director general de Ingeominas para la época de los hechos, incurrió en falta disciplinaria al permitir y avalar la ejecución del citado convenio y corroborar toda la gestión adelantada en torno a este, firmando tres otrosíes al acuerdo original.

Señala la Procuraduría que Ballesteros Mejía eludió el proceso de selección mediante concurso de méritos, toda vez que finalmente las actividades de interventoría “las ejecutaron unos terceros que nunca participaron en procesos de selección en igualdad de condiciones, tal y como lo ordena la ley de contratación estatal”.

Igualmente, el director del servicio minero para ese momento, Edward Adán Franco, fue hallado responsable de realizar los estudios previos en los que se estimó conveniente la celebración del contrato interadministrativo con la Red Alma Máter, “cuando tal contratación no cumplía con los presupuestos estipulados en la ley, dado que la Red Alma Máter no tenía entre su objeto social la realización de interventorías, ni contaba con la capacidad técnica, infraestructura y experiencia para ello”.

La Procuraduría advirtió que contra esta determinación disciplinaria de primera instancia procede el recurso de apelación.