–El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior medidas extraordinarias de seguridad para salvaguardar la vida e integridad de 4.700 concejales amenazados en todo el país, de los cuales, 2.400 carecen en este momento de medidas de protección efectiva, según lo revela un reciente informe de la Federación Nacional de Concejales (Fenacon).

La petición del Defensor Otálora Gómez ocurre luego de conocer una denuncia por el homicidio de Luis Celima Chalpatar Rivera, indígena Kamëntsá, de 49 años de edad, miembro del Movimiento Social Indígena (ASI) y Presidente del Concejo Municipal de Puerto Asís (Putumayo), quien fue atacado el pasado sábado por sicarios que se movilizaban en motocicleta cuando llegaba a su residencia.

En cartas dirigidas al Ministro del Interior, Aurelio Irragori, y al director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar Pachón, el Defensor del Pueblo pide realizar con carácter urgente una reunión para hacer el balance de las medidas de protección asignadas a los concejales amenazados y para que se adopten los correctivos que correspondan.

Otálora Gómez expresó su preocupación por algunos casos puntuales como la situación de 11 concejales de Riosucio y Litoral del San Juan, en el Chocó, entre otros municipios, sobre quienes existen amenazas que han proferido los grupos armados ilegales las cuales han sido puestas en conocimiento a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.

“Resulta preocupante el reporte entregado por Fenacon, en el que se indica que el 30% de los 2.300 concejales que en la actualidad cuentan con esquemas de protección han manifestado inconformidad relacionadas, entre otros, con la irregularidad en los pagos de reubicación y transporte, teléfonos celulares asignados que no poseen cobertura en muchas zonas del país y entrega de chalecos blindados con fechas de vencimiento del año 2010 o en años anteriores, quienes quedan expuestos a situaciones de riesgo”, agregó el Defensor del Pueblo.

De otro lado, destacó la inconformidad expresada por los concejales en relación con los “extensos términos” (2 a 6 meses) que se presentan entre el estudio del nivel de riesgo y la comunicación de la valoración del mismo como de la implementación de las medidas de protección.