La Comisión Primera del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que modifica la ley 65 de 1993 y que establece un nuevo Código Penitenciario que busca solucionar la crisis penitenciaria que afronta el país. El Gobierno calcula que con los beneficios que traerá el nuevo Código pueden salir entre 7.000 y 10.000 presos.

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, confirmó que en el articulado quedó incorporada la normatividad que permitirá la flexibilización de la suspensión de la condena, la libertad condicional y la detención domiciliaria, lo que ayudará a bajar el hacinamiento.

Explicó Gómez que no aplicará para los delitos graves: «homicidio, violación, asesinatos, extorsión y otros delitos que afectan la convivencia ciudadana».

También declaró que el proyecto de ley determina que en las cárceles grandes se garantiza que haya un juez de ejecución de penas, como también que los médicos hagan el año rural en las prisiones y que los abogados tengan allí su práctica.

«No es la solución al problema del hacinamiento, es uno de los instrumentos que tiene el Gobierno», sostuvo Gómez Méndez, tras explicar que no hay un número determinado de cuántas personas saldrían, pero estimó que estarían entre siete mil y diez mil.

«Este es un proyecto muy importante para el país y es necesario que en la plenaria se adopten varias de las inquietudes que se han expresado en esta comisión», dijo el senador Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), una vez aprobado el proyecto.

En la sesión, a la que asistió el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, los senadores acordaron aprobar el proyecto y crear una comisión accidental que se encargará de resolver algunas inquietudes expresadas por legisladores como Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático) y Carlos Enrique Soto (Partido de la U).

Dentro de los artículos más controversiales, y que serán analizados por la comisión accidental, destacan el 31, que tipifica el delito de obstrucción de las vías de comunicación, y el 34, que abre la puerta a la privatización de la vigilancia al interior de los penales del país.

Sobre este punto, la comisión de ponentes, encabezada por el senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal), se comprometió a evitar que se criminalice la protesta social y que se privatice el servicio de vigilancia en las cárceles colombianas.

El ministro Gómez Méndez se expresó a favor de excluir el artículo sobre la obstrucción de las vías de comunicación y a buscar fórmulas con la comisión accidental para abordar el tema de la vigilancia al interior de los penales.

«Con este proyecto se humanizan las cárceles del país. No es la solución absoluta pero es un instrumento que avanza en la dirección correcta. Esperamos que en la comisión se resuelvan las inquietudes de los senadores de cara a la plenaria», dijo el ministro Gómez Méndez.

Gómez Méndez advirtió que la iniciativa flexibiliza la suspensión de la condena, la libertad condicional y la detención domiciliaria para varios presos.

Se calcula que con los beneficios que traerá el nuevo Código pueden salir entre 7.000 y 10.000 presos.

Luego de ser aprobado en la Comisión Primera, el proyecto de ley que modifica el Código Penitenciario pasa a segundo debate en la plenaria.