Economía

Multinacional brasilera Mónica Semilla debe devolver subsidios por más de $2 mil millones

tierras–En la primera decisión judicial en firme que aborda la utilización de SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) como mecanismo para burlar restricciones legales, la Superintendencia de Sociedades ordenó hoy a la multinacional brasileña Mónica Semilla devolver al fisco nacional más de 2 mil millones de pesos de subsidios que recibió del Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario, Finagro.

La medida fue adoptada al comprobarse que la multinacional fraccionó ilegalmente un proyecto productivo en los llanos orientales para acceder a más recursos del Estado

Cuando de acuerdo con las normas de Finagro, solo tenía derecho a un subsidio por 500 millones de pesos, creó cinco Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) para obtener igual número de créditos.

La multinacional brasilera es también investigada por el Incoder alrededor de la adquisición de más de 13 mil hectáreas de tierras en el departamento del Meta.

Al parecer se han detectado irregularidades en las operaciones de compra.

A mediados del año, la SuperSociedades ordenó intervención mediante la toma de posesión de los bienes de Valores Incorporados S.A.S a 25 sociedades y 22 personas naturales.

La medida cobijó a Andean Capital Markets S.A., Premium Capital Individual Portfolio Fund B.V., Premium Capital Appreciation Fund BV, la Compañía Colombiana de Capitales S.A.S, Helados Modernos S.A. en Liquidación, Malta S.A en Liquidación, Las Tres Palmas LTDA. en Liquidación e Inversiones Jaramillo Botero S.A.

El auto se extiendió a las personas naturales Jhon Alexander Muñoz Delgado, Amanda Ortiz Zárate, Carlos Arturo Ortiz Perdomo, Ángela María Ortiz Zárate, Manuel Julian Aranguren Mariño, Nelson Jaramillo Osorio, Victor Benjamín Maldonado Rodríguez, María Inés Escobar de Maldonado Ignacio Maldonado Rodriguez, Juan Manuel Maldonado, María Del Pilar Maldonado de Baraya, Tomás Maldonado Escobar.

Estas personas naturales, para la época de las operaciones que dieron origen a establecer la captación masiva y habitual se encontraban vinculadas directa o indirectamente con las operaciones de las compañías.

La investigación de la Superintendencia de Sociedades realizada entre los meses de enero a julio de este año determinó que las sociedades Valores Incorporados SAS y la Compañía Colombiana de Capitales SAS, junto con Rentafolio Bursátil y Financiero SAS, fueron utilizadas para manipular los recursos y direccionar las inversiones realizadas en la sociedad Premium Capital Appreciation Fund, de acuerdo a la discrecionalidad de Juan Carlos Ortíz Zarrate y Tomás Jaramillo Botero.

De los informes de visita que sustentan la decisión hoy anunciada se desprende que terceras personas sin vínculo comercial o contractual con Valores Incorporados SAS y la Compañía Colombiana de Capitales SAS, consignaban recursos directamente en las cuentas que estas tenían en Interbolsa Comisionista de Bolsa S.A.

Así mismo, se advierte la utilización de un procedimiento común establecido que impide identificar a la persona que realmente efectuó la consignación, hecho que se comprueba en el material probatorio allegado por entidades bancarias y la Superintendencia Financiera de Colombia, configurando un hecho objetivo y notorio de captación ilegal de recursos del público.

Adicionalmente, en la sede de Valores Incorporados SAS, se recibieron significativos recursos en efectivo, en moneda nacional y extranjera, depositados en una caja fuerte durante los años 2006 a 2012. Mediante este mecanismo se percibieron dineros de terceros no identificados de manera irregular, circunstancia que pone en evidencia el ocultamiento de las personas que en realidad depositaron tales recursos, sin encontrar una explicación financiera razonable a esta operación.

Respecto de las sociedades Helados Modernos de Colombia S.A., Las Tres Palmas LTDA y Malta S.A., controladas por el empresario Víctor Maldonado, se evidencia que fueron beneficiarias indirectas de los recursos captados irregularmente en montos que podrían superar los $122.000.000.000, donde no aparece justificación financiera razonable, ni identificación de las personas que realizaron dichos depósitos.

La Superintendencia de Sociedades ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las posibles conductas punibles asociadas con esta captación ilegal de recursos del público y reitera su disposición de continuar la colaboración armónica en las investigaciones penales que por este y otros hechos relacionados con el caso Interbolsa se puedan adelantar.

Como Agente Interventor, la Superintendencia de Sociedades, designó al abogado Alejandro Revollo Rueda, quien desde el pasado 16 de abril, se viene desempeñando, por orden de la entidad como representante legal y luego interventor de Rentafolio Bursátil y Financiero SAS y de otras sociedades y personas naturales.

Comments are closed.