El exministro Alvaro Leiva, envió una carta dirigida a los «plenipotenciarios» en La Habana, donde plantea varios puntos que espera sean llevados a la mesa de diálogo en la Habana.

El punto inicial que propone Leyva es que “prescinda de la intención de vincular el proceso de paz a las próximas contiendas electorales (de presidencia)” porque en su opinión “interfiere y pone en peligro la serenidad y estabilidad para que el proyecto de conciliación alcance la meta buscada”.

En segunda instancia propone “que se proceda a la declaratoria y puesta en vigencia de un armisticio vigilado”, sugiriendo como fecha tentativa el comienzo de las negociaciones el 18 de noviembre.

“Siempre se habla de cese de hostilidades. Las normas internacionales han venido madurando los conceptos y hoy armisticio implica una notificación a la opinión pública de que va a haber un acuerdo definitivo. Si se habla de armisticio y las partes recogen el armisticio lo que están es anunciándole al país que efectivamente se va a llegar a la paz”, agregó.

Leyva además propone que se solicite al Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas (DOMP) el control y verificación del proceso.

“El punto relativo al referendo es el sexto y ya lo anticiparon por una necesidad electoral. El punto relativo al cese de hostilidades es el tercero. Entonces no se entiende por qué si se puede esbozar para el tercer punto y dejarlo hasta para entonces, y a la vez se puede anticipar el sexto, cuando realmente lo que nosotros buscamos es que la gente no se mate”, aseguró.

Como tercer punto, propone que se comience el estudio de estrategias para lograr el “desminado” en el territorio nacional, a través de una subcomisión con representantes de la sociedad civil.

Como cuarta propuesta sugiere una “solución al problema de las drogas ilícitas”, en el que convoca la participación de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNDOC) y que eventualmente se vincule a otros países productores como Bolivia y Perú en la mesa de La Habana.

Leyva indicó además que se debe crear una Comsión ad hoc-pro que “defina cómo los beneficios de la paz habrán de extenderse a miembros de la fuerza pública, integrantes de la clase política con funciones públicas o sin ellas, y a individuos de la sociedad cicil que han incurrido en conductas antijurídicas relacionadas con el conflicto interno”.

Como punto final, Álvaro Leyva propone que se estudie la posibilidad de integrar una comisión de revisión y esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto a través de un Informe General Grupo de Memoria Histórica del Control Nacional.