Consejo Superior de la Judicatura
–El fiscal 57 de la unidad de Derechos Humanos de Medellín pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrir una investigación al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga por los diálogos que sostuvo con el coronel del Ejército Róbinson González del Río, quien es enjuiciado por varios “falsos positivos” ocurridos en el 2007 en el departamento de Caldas.

El fiscal compulsó copias a la corporación legislativa, con base en las grabaciones de las charlas del jurista con el militar, y en una de las cuales, el oficial del Ejército sugiere la posibilidad de que la Judicatura determine que su proceso por el falso positivo pase de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.

Complementariamente, se habla del pago de 400 millones de pesos por el “favor”.

El hecho es que se afirma que Villarraga Oliveros, asesoró al coronel González del Río, procesado por varios falsos positivos, entre ellos uno ocurrido en septiembre del 2007 en el municipio de Neira, Caldas, en el cual fueron asesinados dos campesinos.

Los labriegos fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.

En ese entonces, González del Río era comandante del Batallón de contraguerrillas No. 57 “Mártires de Puerres”.

De acuerdo con el informe entregado por la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, González del Río, figura en un proceso por la muerte de civiles. La investigación reveló que las víctimas eran invitadas a cometer actos delictivos en zona rural de los municipios de Chinchiná, Neira, Manizales y Salamina (departamento de Caldas), por parte de personas que tenían relación con miembros del Ejército Nacional, aquellas eran recogidas y transportadas hasta un paraje rural en el que los militares, atrincherados en posición de fusilamiento, los ejecutaban.

En febrero de 2012, cuando la Fiscalía de conocimiento acopia esta información, dispuso formular imputación en contra de algunos integrantes del Batallón de contraguerrillas No. 57 y del Batallón Ayacucho, este último un batallón de infantería que actuaba en conjunto con el Mártires de Puerres, ante los jueces de Manizales (Caldas).

Una vez se fijan las fechas para las audiencias de formulación de imputación y medida de aseguramiento, se empezaron a presentar inconvenientes para la realización de las mismas. En algunas ocasiones, al momento de llevarse a cabo la audiencia, no se presentaban los abogados de los militares, por lo que no se podían desarrollar y se debía fijar nueva fecha; posteriormente, al momento de acudir a la nueva fecha para la audiencia, no se presentaban los militares para las imputaciones. El despacho observó que se trataba de maniobras dilatorias por parte de los miembros del Ejército Nacional.

Por estos hechos se juzga al coronel Robinson Javier González del Río, quien entonces como mayor comandaba el Batallón de contraguerrillas No. 57; al Sargento Rubio Jaro Túquerres, de la sección de inteligencia; al Subteniente Edwin Javier Madroñero Quemba, y al sargento Manuel Alejandro Parra Estupiñán, como comandantes de la Compañía Atacador 6.