El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una ampliación de su denuncia contra el expresidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Constantino Rodríguez Calvo.

La ampliación radicada este 29 de octubre consistió en adjuntar la solicitud de revocatoria del auto inhibitorio, proferido por esa Corporación a favor de tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por el caso del denominado carrusel de las pensiones.

En la solicitud de revocatoria el Fiscal General de la Nación demostró que no existió una investigación integral. En el escrito evidenció que el fundamento de la decisión de la Comisión de Investigación y Acusación estuvo basado esencialmente en las declaraciones de quienes estaban investigados, mientras que dejaron de tenerse en cuenta aquellas pruebas que eventualmente permitían fundamentar cargos. En síntesis: no se desplegó una real actividad investigativa.

Dentro de las pruebas que dejaron de valorarse, el Fiscal General de la Nación destacó: (i) el escrito de acusación y todos sus anexos formulado por la Fiscalía contra la Secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, (ii) varias entrevistas de funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura que fueron quienes descubrieron las inconsistencias, (iii) un oficio enviado por uno de los magistrados de esa Corporación y (iv) la entrevista que rindió la magistrada que presentó la denuncia de los hechos ante la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal Eduardo Montealegre Lynett le señaló a esa Corporación que también se desconoció el deber de investigación integral al no practicarse pruebas directamente por parte de la Comisión de Investigación y Acusación, que permitieran esclarecer los hechos.