El Consejo de Estado determinó una zona protegida en la Reserva Forestal de los Cerros Orientales. A partir de ello, no se podrían destruir ninguna de las edificaciones y se deberá pagar un impuesto para las construcciones presentes en la zona.

Debido al alto costo que podría generar la reubicación de las edificaciones, la Sala Plena del alto tribunal estableció que, sería necesaria la implementación de una tasa que sirva para solventar el daño que se pueda generar en el sector.

La decisión se dio luego de una iniciativa popular que pedía al Consejo de Estado delimitara la zona permitida para la construcción, la cual consta de 973 hectáreas. Sin embargo, en su mayoría está ya ocupada.

Los demandantes alegaban que en la zona se presentaban licencias de construcción que abracaban desde el estrato 1 hasta el 6, por lo que este requisito tendría que ser aplicado por el Distrito y la Corporación Autónoma Regional para crear de esta forma una ciudad compacta que no afecte el espacio verde.