El senador Juan Manuel Corzo expuso en plenaria, donde abordó la crisis carcelaria que vive el país, denunció que en los centros carcelarios de Colombia se vive una grave situación de hacinamiento, deficiente servicio de salud, violación de los derechos humanos, pocas oportunidades de trabajo, ausencia de resocialización y problemas familiares.

El legislador sostuvo que “Las condiciones de hacinamiento no permite a los reclusos los medios para un proyecto de resocialización, estudio, trabajo y enseñanza, entre otros; la sobrepoblación genera que los internos e internas no gocen de condiciones mínimas de vida, un colchón, el suministro de agua potable, servicios sanitarios dignos, las garantías mínimas al acceso a la salud, el acompañamiento y visitas de los familiares, entre otras.

De igual manera enfatizó, que “en Colombia un país de guerra que está dando oportunidades a la paz, es un país que abre las puestas al sector de la izquierda, para que participe en el Congreso, por tanto, la política criminal en Colombia será un capítulo que no se puede desconocer en una eventual firma de paz”.

El Legislador aseguró que, “Son 180 mil personas en las cárceles del país, y con este proyecto queremos hacerle un llamado al gobierno para que se sensibilice de esta realidad, no solamente con construir cárceles sino también en encontrar soluciones jurídicas y administrativas para que se acabe el hacinamiento en las cárceles, como principal problema, ¿hasta cuándo el estado aceptará esta realidad?”.

Según el informe estadístico de mayo de 2013, el hacinamiento a nivel nacional es del 55.2%, la Regional Noroeste registra el mayor porcentaje con un 87.1%, seguida de la Regional Norte con el 83.3%2. En la actualidad hay 138 establecimientos de reclusión, con una capacidad real de 75.726 cupos y una población de 117.528 internos. El mayor hacinamiento lo registra la cárcel de Riohacha con un 397.05. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades de mayor concentración de población carcelaria. A nivel Nacional 152 menores de edad conviven con sus madres en los centros de reclusión.

Frente al panorama esbozado por el senador Juan Manuel Corzo, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez aseguró que “No vamos a justificar de ninguna manera esta situación, argumentando que es un problema estructural o que viene de atrás”.

El funcionario hizo una relación de las causas del problema, en donde lo fundamentó en la ausencia de una política criminal en el estado colombiano.

Dicha política la sintetizó en cuatro pilares: Como primer síntoma es la creación de los tipos penales, “cuando un estado decide cuales de las múltiples conductas son las que realmente necesitan una sanción penal”. En segundo lugar cómo reaccionamos, “aparte de los tipos penales, cuál es la clase de sanciones que aplicamos”. En tercer lugar destacó el procedimiento que se establece para que se pueda aplicar pronta y oportunamente una sanción a quien ha infringido la ley penal. Cuarto, cómo se tratan a quienes han violado la ley penal.

Recomendó el jefe de la cartera que hacia el futuro todos los proyectos que se presenten en el Congreso, pasen previamente por el Consejo de Política Criminal para que allí se estudien a profundidad.

“Si la libertad fuera el principio, pero estamos llegando a un sistema donde la privación de la libertad es la norma, donde estamos llenando las cárceles”, puntualizó el funcionario.

Finalmente el ministro Méndez sostuvo que “La mejor medida para evitar el hacinamiento es la política criminal de prevención, es mucho más compleja, pero depende de actitudes de una sociedad, menos centrada en la represión”.

En su intervención el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, manifestó que “Desde la Defensoría del Pueblo, estamos acompañando a todos los encarcelados del país, con visitas, tutelas, y hemos encontrado problemas gravísimos que atentan contra la dignidad humana, como derechos como la salud, agua, seguridad, estos diagnóstico es un problema de estado donde todos los años se encuentran denuncias permanente, es un problema histórico las cárceles”.

Igualmente aseguró que “La única salida para el tema de la emergencia carcelaria no es otro que la emergencia social, aunque no es la solución del problema, esto será una ruega dentro del sistema político carcelario. El gobierno pierde dinero con la mala organización del sistema penitenciario”.