–El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, advirtió que es admisible la disminución de penas, pero no exoneración, ni tampoco impunidad total para los cabecillas de las Farc, como conclusión de un eventual acuerdo de paz en La Habana, Cuba.

En este sentido, el jefe del ministerio público hizom un llamado a la comunidad internacional para que “orienten sus esfuerzos a las FARC para que entiendan que la sociedad está dispuesta a la Justicia Transicional y no a la impunidad total”.

Los pronunciamientos los hizo el procurador en un foro sobre “Propuestas para la realización efectiva de los derechos de las víctimas en las políticas públicas”, que se llevó a cabo en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de la capital del país.

El jefe del Ministerio Público reiteró su mensaje sobre la obligación que tiene el Estado de asegurar para las víctimas del conflicto los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición en el marco de eventuales acuerdos de paz con las FARC. Al respecto citó la Sentencia C-370 de 2006, por medio de la cual la Corte Constitucional declaró exequible la Ley de Justicia y Paz, en la que se señala que durante los procesos de transición hacia la paz las medidas de disminución de las penas son admisibles, pero no deben exonerarse totalmente a sus autores.

“Hay presidentes de países amigos que otrora empuñaron las armas contra la sociedad y la institucionalidad y hoy tienen su investidura después de haber pagado su condena, mucho más amplia de las que se señalarían en nuestros instrumentos de Justicia Transicional”, indicó el procurador general.

Al referirse a las gestiones de la comunidad internacional para apoyar la búsqueda de la paz en el país, formuló un llamado para que orienten sus esfuerzos diplomáticos a persuadir a las FARC para que entiendan la imposibilidad de la impunidad total, y no hacia el Estado colombiano para exigirle que se someta a la impunidad: “Orienten sus esfuerzos a las FARC para que entiendan que la sociedad está dispuesta a la Justicia Transicional y no a la impunidad total”, enfatizó.

Respecto de la labor de la Procuraduría General de la Nación para la garantía de los derechos de los colombianos, recordó que la Entidad dispone de herramientas de carácter preventivo que le permiten alertar y anticipar, recomendando determinadas actuaciones a los funcionarios responsables de la implementación de las políticas públicas, y que cuenta con instrumentos articuladores del Estado que le permiten intervenir en el diseño de esas políticas.

Por su parte el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, formuló algunas observaciones y sugerencias para fortalecer la actuación del Estado en favor de las víctimas del conflicto.

Entre ellas, mencionó el desarrollo de acciones coordinadas para la protección y seguridad de las víctimas, que calificó como uno de los temas más sensibles y de mayor impacto; la implementación de mecanismos de ágil respuesta entre la Defensoría y la Unidad de Víctimas, la revisión y optimización del proceso de registro de víctimas (garantizando la adecuada y preferencial atención a los grupos étnicos), ampliar las estrategias de participación para las comunidades, acompañar a las entidades territoriales para que concluya el proceso de reparación integral y garantizar la ayuda humanitaria para víctimas de grupos étnicos.

La voz de las víctimas

La visión sobre las políticas públicas para la garantía de los derechos de las víctimas desde la perspectiva de quienes han vivido las consecuencias del conflicto, fue expresada por Odorico Guerra Salgado, representante de la Mesa Nacional de Víctimas, quien reconoció los esfuerzos de la institucionalidad para ampliar los espacios de participación de las comunidades en el diseño e implementación de las citadas políticas, aunque señaló que hay profundas debilidades en materia de coordinación: “Cada una (de las instituciones del Estado) se inventa algo y va y lo aplica (…) algunas veces nos citan 6 y 7 veces en las mismas fechas para las mismas cosas”, aseguró el vocero.

Indicó asimismo que se necesita más apoyo y asistencia técnica que efectivamente llegue a las comunidades “porque no todos los líderes y liderezas tienen el mismo conocimiento sobre la ley y sus normas que las reglamentan”, y planteó la propuesta de ampliar el tiempo de conformación de las mesas de víctimas, argumentando que cinco meses no son suficientes para construir un proceso y que se incurre en gastos considerables en la convocatoria tan frecuente a elecciones de los representantes.

Guerra Salgado solicitó a la Procuraduría General de la Nación realizar un seguimiento a la gestión de los gobernadores y alcaldes en la construcción e implementación de los planes de acción departamentales, municipales y distritales para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto, ya que (a su juicio) se diseñaron sin la participación de las víctimas y tienen presupuestos irrisorios.

Solicitó asimismo al máximo organismo del Ministerio Público verificar la labor de las Fuerzas Armadas en los procesos de retorno: “El día que se va a hacer el retorno va todo el mundo, después más nunca nadie se acuerda que se retornó, las comunidades vuelven a ser desplazadas, no hay garantías”, aseguró, al tiempo que manifestó la inconformidad de las víctimas en el tema de seguridad, pues se habla de ‘postconflicto’ cuando aún se registran fenómenos de desplazamiento, reclutamiento de menores y el asesinato de líderes.

El evento se realizó con el apoyo del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho “FortalEsDer” de la GIZ.