El departamento del Quindío será el epicentro del tercer Censo Nacional Agropecuario (CNA), como lo anunció en su momento el presidente, Juan Manuel Santos. Este ejercicio estadístico permitirá actualizar los datos de las actividades agropecuarias que se desarrollan en el área rural colombiana.
Dice el informe de prensa que la primera fase de recolección se realizará en Quindío, norte de Tolima, Atlántico y Risaralda. En el primero de los departamentos el levantamiento de datos se ejecutará del 27 de noviembre al 23 de diciembre de 2013 en sus 12 municipios, en el segundo del 2 de diciembre al 23 de diciembre de este año en 15 municipios, en el tercero del 7 de enero al 26 de febrero de 2013 en los 23 municipios que la componen y en el último, del 3 de febrero al 26 de marzo de 2013 en sus 14 municipios.
La fase II se ejecutará en el resto de departamentos del país donde los censistas harán un recorrido predio a predio y la fase III, se desarrollará en los municipios con dificultades de acceso, de baja población, y con grandes extensiones territoriales donde están ubicadas las comunidades indígenas y los Territorios Colectivos de Comunidades Negras, dice el informe de prensa.
En total serán censados 3,9 millones de predios rurales, 182 Territorios Colectivos de Comunidades Negras y 770 resguardos indígenas, actividad que se ejecutará a partir del próximo miércoles y hasta el mes de julio de 2014.
Según el director del Dane, Mauricio Perfetti, el desarrollo del Censo Agropecuario es un compromiso con el país y con el campo colombiano. “Esta operación estadística es una herramienta fundamental para la prosperidad del sector rural en los próximos años, por ello la recolección de información se manejará con la rigurosidad técnica y profesional propia de estas actividades”, dijo.
Es un ejercicio censal, declarativo, que proporcionará información estadística estratégica, georreferenciada y actualizada del sector agropecuario, a través de la cual el Gobierno Nacional y los departamentales, podrán formular, implementar y evaluar políticas públicas e instrumentos de regulación que fomenten el desarrollo rural.