–El mundo celebra hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, y en Colombia, por supuesto, tiene énfasis a todos los niveles.

El origen de ésta conmemoración se remonta a 1960, cuando las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana por su activismo político en contra del gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Según la Organización Mundial de la Salud casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por sus maridos o parejas actuales o anteriores, porcentaje que se eleva hasta el 70% en algunos países.

Un informe del BID da cuenta que, entre un 25% y más de un 50% de mujeres latinoamericanas, dependiendo del país donde viven, sufre algún tipo de violencia en el hogar.

Además, un estudio realizado por el Banco Mundial muestra que uno de cada cinco días activos que pierden las mujeres por problemas de salud, se debe a las manifestaciones de violencia doméstica.

La violencia de género afecta directamente a las niñas: millones de ellas cada año son mutiladas genitalmente. También son víctimas de la selección del sexo, los abortos forzados y el infanticidio.

Según la Organización Internacional del Trabajo la trata con fines de explotación económica o sexual afecta cada año alrededor de 2,5 millones de personas en el mundo. La mayor proporción de ellas son mujeres para ser explotadas sexualmente, 85% según las Naciones Unidas, y de ese porcentaje el 50% serían menores de edad. Se registran además diversos tipos de explotación como el trabajo doméstico, los matrimonios serviles, y otras formas de esclavitud.

Por otra parte es especialmente grave el panorama en aquellos países afectados por situaciones de conflicto armado –caso colombiano –, ya que se ha comprobado que en estos contextos las mujeres y niñas/os constituyen el mayor porcentaje de las víctimas y frecuentemente se ven obligadas a desplazarse de sus territorios de origen, lo que aumenta el riesgo de abusos y violencias.

En Colombia, según la Defensoría del Pueblo en el primer semestre de este año se recibieron más de 15 mil denuncias de violencia contra la mujer en Colombia, lo que significa unos 86 casos por día.

A su turno, el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, estableció que este año en Colombia han sido judicilizados 33 mil hombres por homicidios, golpes o atentados contra la mujer.

El Instituto de Medicina Legal, precisó que este año, 15 mil 640 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar; otras 5 mil 545 denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual y 514 mujeres fueron asesinadas.

En el reporte se destaca que por departamentos, el Valle está a la cabeza con el mayor índice de muertes, con 144 casos, seguido por Antioquia, Bogotá, Atlántico, Norte de Santander y Cundinamarca.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un llamado a las instituciones públicas y privadas para que tomen medidas urgentes que permitan ponerle freno a la violencia contra las mujeres, la cual viene incrementándose de manera preocupante y merece el rechazo de toda la sociedad.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Otálora Gómez destacó que diariamente se registran hechos violentos y discriminatorios contra las mujeres.

Llamó la atención de los colombianos para que rompan con los estereotipos que se tienen frente a las mujeres y rechazar cualquier agresión que utilice como pretexto sus gustos, orientación sexual, deseo de autonomía o las actividades que realiza.

Añadió que la violencia que ocurre contra una mujer por el hecho de serlo, es violencia de género, y se caracteriza por expresar las relaciones abusivas de poder y de subordinación entre hombres y mujeres, reforzar estereotipos y restringir las posibilidades reales para que las mujeres ejerzan plenamente su ciudadanía.

La Defensoría del Pueblo, subrayó, a través de equipos especializados ubicados en 10 regionales del país ha podido evidenciar la violencia que afrontan las mujeres y salvaguardar la vida de 115 de ellas, dando respuesta oportuna y articulada desde las instituciones públicas.

Sin embargo, muchas historias terminan trágicamente, la ocurrida el pasado 10 de noviembre cuando una mujer de Bosa (Bogotá) murió junto a su cuñada y dos de sus hijos al ser atacada por su esposo con un machete. La misma suerte trágica sufrieron el 30 de octubre una mujer de 20 años que recibió 40 puñaladas estando en su casa, en Palmira (Valle), y Diana Ximena Castañeda, quien apareció descuartizada el 22 de octubre, siete meses después de haber sido atacada con arma blanca, recibiendo 90 heridas.
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El defensor del Pueblo advirtió que este tipo de hechos exige actuar con premura para prevenir más muertes de mujeres, sobre todo cuando ellas ya han denunciado previamente hechos violentos y han solicitado ayuda de las instituciones del Estado. Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, durante el primer semestre del año 15.640 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y otras 5.545 denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual.

Para la Defensoría del Pueblo, resultan preocupantes que las agresiones en muchas ocasiones resultan subvaloradas e invisibilizadas por los funcionarios que conocen y atienden los casos. “Es lamentable la impunidad y la falta de respuesta institucional que se convierte en otra forma de violencia contra la mujer, y afecta seriamente el goce de sus derechos. Cada día las mujeres afrontan dificultades para el acceso a la justicia que perpetúan estos actos violentos y permiten su repetición”, agregó Otálora Gómez.

Al respecto, recordó que el Estado colombiano está obligado, por los tratados internacionales que ha suscrito, a reconocer la violencia en contra de las mujeres como una violación a los derechos humanos y tiene el deber prevenir, sancionar y reparar, así como en brindar garantías de no repetición.

Adicionalmente, exigió a la Policía Nacional, a las Comisarías de Familia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial y en general todos los entes implicados en impartir justicia y brindar medidas de protección, generar todos los mecanismos necesarios para que las niñas, adolescentes y mujeres sientan que este es un país que no solo cuida de ellas, sino que además sanciona y pone límites a quienes las violentan.

Por último, reiteró el compromiso de la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos de las mujeres y advirtió que mantendrá un seguimiento especial a la efectiva garantía de los mismos en el marco de las obligaciones del Estado colombiano, derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y adoptadas en el derecho interno.

PROBLEMA PRIORITARIO DE SALUD

El Ministerio de Salud y Protección Social consideró la violencia contra las mujeres como un problema prioritario en salud pública.

Añadió que desde 1997, a través del Acuerdo 117, el Ministerio de Salud catalogó la violencia de género como un interés de salud pública, cuyas víctimas son principalmente las mujeres y las niñas.

Así mismo, el primer informe mundial sobre este tipo de hechos, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y presentado en junio de 2013, ratificó que la violencia contra las mujeres es un problema global de salud pública de «proporciones epidémicas».

Entre las afectaciones mentales más frecuentes se destacan la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático, la baja autoestima, las ideaciones y las conductas suicidas, entre muchas otras.

En cuanto a las consecuencias de la violencia física contra las mujeres, se encuentran el dolor crónico, la discapacidad física, los desórdenes gastrointestinales, los síntomas cardiopulmonares y los problemas de salud sexual y reproductiva.

La violencia sexual es una urgencia médica. En casos de violación sexual, durante las primeras 72 horas después del hecho se pueden prevenir infecciones de transmisión sexual, VIH y embarazos, entre otras.

Acciones contra la violencia de género

Frente a la problemática, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dirigido sus esfuerzos para el abordaje integral de la violencia de género. Entre sus principales avances, se cuentan:

– Movilización social para la prevención de la violencia de género.

– Coordinación intersectorial e interinstitucional dirigida al fortalecimiento y la articulación entre las instancias encargadas de la atención a las víctimas de la violencia de género, en los sectores de salud, justicia, protección y educación.

– Fortalecimiento de la gestión institucional y de las competencias del personal del sector salud para que puedan ofrecer una atención adecuada a las víctimas de la violencia de género.

– Fortalecimiento de la participación y potenciación de las redes sociales de apoyo.

– Fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública para registrar y caracterizar la violencia de género