–El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, notificó hoy la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años al Superintendente Financiero Gerardo Hernandez y a dos funcionarios más de la entidad, por el escándalo de Interbolsa.

El jefe del Ministerio Público señaló que la drástica medida se adoptó porque Hernandez y sus colaboradores, Diego Mario Herrera Falla y Rocita Esther Barrios Ballesteros, no hicieron nada para evitar el descalabro financiero, no obstante haber tenido conocimiento de las maniobras ejecutadas por los directivos de la empresa comisionista.

Herrera era el superintendente delegado de Riesgos del Mercado, y Rosita Esther Barrios Figueroa, Superintendente Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos.

Concretamente, el Procurador indicó que el superintendente Hernández “no emitió las ordenes necesarias para que Interbolsa suspendiera inmediatamente operaciones ilegales o inseguras a fin de proteger a los inversionistas”

Además advirtió que en una reunión celebrada el 18 de junio de 2012, los funcionarios de la Superintendencia hicieron una presentación contundente sobre la situación de la comisionista, pero Hernández hizo caso omiso para favorecer a Interbolsa.

Las sanciones se derivaron de la investigación iniciada el 15 de noviembre de 2012 para verificar la ocurrencia de posibles faltas disciplinarias, relacionadas con la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A.

En su momento, el ministerio público establecio que de acuerdo con la información emitida por diferentes medios de comunicación, la crisis de la firma comisionista estuvo acompañada, al parecer, del excesivo uso de operaciones denominadas en el mercado financiero como “repos”, principalmente sobre acciones de la empresa textilera Fabricato S.A., que colapsaron por falta de liquidez, y de la sobrevaloración de estas.

A ello se sumó el posible manejo irregular de recursos por parte del entramado empresarial que compone o rodeó al grupo financiero Interbolsa e involucra a sociedades constituidas en el exterior.

Por esta situación, la Cámara de Representantes citó a un debate de control político, el pasado 13 de noviembre de 2012, al ministro de Hacienda y Crédito Público, a los superintendentes financiero de Colombia y de sociedades, a los presidentes de la Bolsa de Valores de Colombia, del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), de Interbolsa S.A. y de Fogafin, en el cual se ventilaron serios cuestionamientos y se advirtieron presuntas omisiones por parte de las autoridades encargadas de vigilar a la citada sociedad comisionista.

En consecuencia, señaló, la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública ordenó la práctica de pruebas tendientes a establecer los responsables de los mencionados hechos.

Además, el 8 de diciembre del 2012, la Procuraduría dispuso la constitución de una Agencia Especial para que interviniera dentro del proceso penal contra de los directivos de la firma corredora de bolsa Interbolsa, por ocasión de los comportamientos que generaron la intervención y posterior liquidación de dicha firma.

Estableció que los supuestos hechos que generaron la apertura de la indagación tienen que ver con la posible manipulación de las acciones de Fabricato a través de operaciones “repo”, también conocidas como cesiones temporales de activos, la supuesta utilización indebida de fondos, el aparente lavado de activos y probablemente la realización de operaciones no autorizadas con accionistas asociados.

Al respecto el Ministerio Público indico que buscaba garantizar el debido proceso y los derechos de las victimas y demás partes e intervinientes en el desarrollo del mismo.