–El Senado de la República aprobó este martes el proyecto de nuevo Código Penitenciario que provocará, entre otros efectos, la salida masiva de las cárceles del país de unos 7 mil reclusos, acusados de delitos no graves, para solucionar el grave problema de hacinamiento, según lo destacó el Ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

La iniciativa modifica la ley 65 de 1993 en cuatro ejes principales que son: reorganiza el sistema penitenciario y carcelario, establece una nueva regulación en materia de libertad condicional, apoya a la actividad judicial y fortalece el sistema de seguridad penitenciario.

“Con este proyecto se humanizan las cárceles del país. No es la solución absoluta pero es un instrumento que avanza en la dirección correcta”, dijo el ministro Gómez Méndez.

El proyecto, que pasa a conciliación y luego a sanción presidencial, flexibiliza la concesión de mecanismos como la suspensión de la pena, de detención domiciliaria, la libertad condicional, además de modificar el sistema de salud de la población reclusa y establecer mecanismos de reclusión para población diferencial.

“Hay otras medidas como permitir que médicos puedan hacer su año rural en las cárceles al igual que los abogados en sus últimos años. Estimamos, hay que ajustar las cifras, que eventualmente salgan 7.000 personas acusadas no por delitos graves”, advirtió Gómez Méndez.

A su turno, el coordinador de ponentes, senador Jesús Ihnmacio García destacó que el proyecto que reforma el Código Penintenciario tiene como objetivo fundamental erradicar la aguda crisis carcelaria que afronta Colombia y avanza en la humanización del sistema carcelario colombiano.

Explicó que la iniciativa incluye medidas como la separación de sindicados de condenados, la creación de ciudadelas de detención preventiva y la agilización de la figura de los subrogados penales para eliminar el hacinamiento”, agregó el legislador durante una sesión a la que asistieron altos funcionarios del Gobierno Nacional como el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.

El senador García explicó que, gracias al nuevo Código Penitenciario, se podrá dar tratamiento diferenciado según el género, edad o condición de discapacidad. Además, -explicó- “el nuevo Código Penitenciario garantiza el derecho al trabajo de los reclusos, así como su derecho a la salud, la educación u orientación sexual”.

El senador García aseguró que se creará un sistema especial de salud penitenciario y que se firmarán acuerdos con los centros de educación superior para que los estudiantes de derecho cursen sus prácticas dando asesoría a los reclusos.

Otro punto importante es el que establece la oralidad de los procesos ante los jueces de ejecución de penas para agilizar los procesos penales. Además, el Código Penal establece la modernización de la infraestructura carcelaria que, según el senador García, tiene un rezago de más de 50 años.

“Con este proyecto esperamos que el hacinamiento, que actualmente es del 57%, se reduzca. Esperamos liberar al menos 10 mil presos para reducir al hacinamiento”, dijo el senador García.

Durante el debate varios senadores como Juan Lozano, Carlos Baena, Germán Carlosama, Guillermo Santos y Juan Manuel Corzo criticaron la iniciativa por considerar que no avanza en las causas de fondo de la crisis carcelaria.

“Estos son pañitos de agua tibia para un gran problema de fondo. No resuelve el problema del hacinamiento porque es un proyecto incompleto que refleja la ausencia total de una política carcelaria integral”, dijo el senador Lozano, quien se preguntó dónde está el Ministerio de Hacienda para explicar de dónde saldrán los recursos para implementar muchas de las medidas planteadas.

“Que nos expliquen dónde están los recursos para las nuevas cárceles, para la resocialización de miles de presos”, reiteró el senador Lozano.

“Este es un código muy pobre que apenas reduce marginalmente el hacinamiento. Se queda muy corto y no es lo que el país estaba esperando. Además no incluye nada desde el punto de vista presupuestal”, dijo el senador Baena.

La iniciativa modifica la ley 65 de 1993 en cuatro ejes principales que son: la reorganización del sistema penitenciario y carcelario, una nueva regulación en materia de libertad condicional, apoyo a la actividad judicial y fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciario.

“Con este proyecto se humanizan las cárceles del país. No es la solución absoluta pero es un instrumento que avanza en la dirección correcta”, dijo el ministro Gómez Méndez.

Antes de iniciarse la discusión del proyecto se aprobaron los impedimentos de los senadores Mauricio Aguilar, Olga Suárez, Teresita García Romero, Plinio Olano, Héctor Julio Alfonso, Mauricio Ospina, Jorge Enrique Robledo, Félix Valera, quienes se declararon impedidos por tener familiares en condición de reclusión.

La plenaria también aprobó el impedimento del senador Hernán Andrade, quien tiene una investigación en curso en la Corte Suprema de Justicia. En el caso de los senadores Martín Morales y Juan Manuel Galán fueron rechazados.

Luego se votaron en bloque los artículos sin proposición dejando para un voto posterior los artículos 8, 9, 16, 24 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 48, 59, 60, 68, 92, 95, 104 que tenían proposición con aval del Gobierno. Se analizaron uno por uno los artículos 23, 27, 36, 75, 76, 90, 92, y 97 que se eliminó.

Se agregó un artículo propuesto por el senador Manuel Antonio Virguez (Movimiento MIRA), que permite que los reclusos realicen trabajos comunitarios con los ingenieros militares y uno temporal de Juan Lozano, para que se elabore un documento para el diseño de una política penitenciaria.

Luego de haber pasado los dos debates en la Cámara, y de ser aprobado en la Comisión Primera y plenaria del Senado, el proyecto tendrá que ser conciliado y pasará a revisión de la Corte Constitucional, para su posterior sanción presidencial