–Los cabecillas de las Farc pidieron una vez más al presidente Juan Manuel Santos decretar un cese del fuego, tras advertir que la opinión colombiana observa con perplejidad el extraño coctel de diálogos y muerte con el que el gobierno nacional concibe la reconciliación.

En un nuevo comunicado, en el que no hacen ninguna referencia al pavoroso atentado terrorista ejecutado por sus militantes en el municipio de Inzá, Cauca, afirman que “la voluntad de paz no puede nacer de la soberbia militarista” y que el país no se merece el desangre que está viviendo por la creciente actividad militar del estado en contra de esa guerrilla.

Por esta razón reiteran que, así sea de manera unilateral, han ordenado “a todos sus unidades guerrilleras y milicianas un cese de fuegos y hostilidades por 30 días a partir de las 00:00 horas del próximo 15 de diciembre, correspondiendo así a un hondo clamor nacional”.

No obstante reafirman que simultáneamente ordenaron “permanecer alerta ante cualquier operación enemiga, la cual deberá ser respondida sin dilación alguna” y puntualizan:

“Aún abrigamos la esperanza de que el gobierno nacional corresponda a nuestro gesto ordenando un alto en su ofensiva”.

El comunicado, titulado “Cese de fuegos y hostilidades”, publicado por el llamado secretariado general de las Farc, es el siguiente:

“El 9 de diciembre de 1990 el gobierno de César Gaviria Trujillo desató una enorme operación militar contra el campamento principal del Secretariado Nacional de las FARC-EP en Casa Verde. Una comisión enviada por el Presidente había visitado nuestra comandancia días atrás, con el propósito de explorar la voluntad de paz de nuestra organización, y expedido posteriormente un comunicado público reconociendo nuestra entera disposición al diálogo.

El comienzo de la operación Casa Verde coincidió con las elecciones populares para miembros de la Asamblea Constituyente, saldando así la posibilidad de nuestra participación en ella, pese a los previos ofrecimientos oficiales de un par de curules. Con el sorpresivo ataque,que puso fin a los diálogos de paz iniciados siete años antes con el Presidente Betancur, se pretendió absurdamente nuestra aniquilación por la fuerza, para sumarla al exterminio ya iniciado contra la Unión Patriótica y el conjunto del movimiento popular en todo el país.

Veintitrés años después, con decenas de miles de muertos de por medio, amén de la infinitud de horrores que esta confrontación ha dejado a Colombia, la administración de Juan Manuel Santos adelanta con nosotros un proceso de conversaciones en busca de la paz. Contrariamente a nuestro anhelo de adelantar dichos diálogos sin los sobresaltos de los combates, el gobierno nacional sigue insistiendo en su fórmula de negociar en medio de la confrontación, para lo cual se rearma y aumenta el pie de fuerza sin reparar en costos.

Las que el Presidente Santos denomina reglas del juego significaron de entrada el asesinato del Comandante Alfonso Cano, y han implicado el refuerzo permanente y creciente de la actividad militar del Estado contra todas nuestras unidades. Soldados y policías derraman también innecesariamente su sangre, frente a una opinión nacional que observa con perplejidad el extraño cóctel de diálogos y muerte con el que el gobierno nacional concibe la reconciliación. La voluntad de paz no puede nacer de la soberbia militarista.

Mucho se habla y exige de gestos que envíen señales positivas al país y la comunidad internacional. Pero por toda Colombia arrecian las operaciones de exterminio por cuenta de las tropas gubernamentales. Desde Nariño y Cauca hasta Arauca y el Catatumbo, así como de la Guajira al Putumayo, los bombardeos, los ametrallamientos, los desembarcos y la ocupación, con todas sus secuelas de crímenes, aumentan y se agudizan con fanatismo sanguinario, poniendo de presente la voluntad real que anima al gobierno nacional.

Al alzarnos sabíamos bien el tratamiento que recibiríamos del Estado terrorista colombiano. Por eso hemos sobrevivido durante medio siglo y nos sentimos en condiciones de resistir otro tanto si fuere necesario.

Pero creemos con sinceridad que nuestra patria no se merece este desangre. Y es por eso que, así sea de manera unilateral, procedemos a ordenar a todas nuestras unidades guerrilleras y milicianas un cese de fuegos y hostilidades por 30 días a partir de las 00:00 horas del próximo 15 de diciembre, correspondiendo así a un hondo clamor nacional. Simultáneamente ordenamos permanecer alerta ante cualquier operación enemiga, la cual deberá ser respondida sin dilación alguna. Aún abrigamos la esperanza de que el gobierno nacional corresponda a nuestro gesto ordenando un alto en su ofensiva.

Los colombianos y el mundo han de estar atentos a la segura embestida difamatoria y propagandística que desde muy altas esferas del Estado y las fuerzas armadas se lanzará contra nosotros como consecuencia de esta declaratoria. Además de tener claro quiénes somos en realidad quienes le apostamos con honestidad a la paz en nuestro país, la opinión nacional e internacional podrá leer en las declaraciones oficiales y en las operaciones militares de provocación ordenadas desde el ministerio de defensa, la verdadera condición del régimen colombiano, una democracia falsa, violenta, excluyente y cínica.

No han cambiado mucho las cosas desde los tiempos de Gaviria. También él ensayó un proceso de paz con nosotros en Caracas y Tlaxcala, tras el cual declaró la guerra integral para acabarnos en dieciocho meses.
Su gobierno inició la aplicación rigurosa de las políticas neoliberales que exigían la liquidación de la lucha popular en Colombia, las mismas que hoy profundiza al extremo y con igual violencia la llamada Prosperidad para Todos. Una oscura sombra asoma en el horizonte de la patria al confluir estas dos vertientes en las aspiraciones reeleccionistas”.