El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, salió con las manos vacías de la Casa de Nariño, tras la reunión que sostuvo con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pues, como lo había anticipado, el primer mandatario se abstuvo de tomar partido a su favor o en contra del Procurador Alejandro Ordoñez, quien lo destituyó e inhabilitó por 15 años.

En diálogo con los periodistas a la salida de la sede presidencial, Petro solo destacó que el presidente Santos le dijo que «no ve enemistosamente» que el alcalde de Bogotá utilice los mecanismos de la justicia convencional nacional y los de carácter internacional para defender sus derechos.

Santos también le indicó a Petro que las instancias nacionales están haciendo los análisis pertinentes para establecer la conducta a seguir y además, según el alcalde, se comprometió a que el Estado respetará las decisiones que se desarrollen de las diligencias que adelantará, entre ellas la demanda que instaurará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La reunión del presidente con el alcalde capitalino se prolongó por espacio de hora y media.

Esta noche, Petro viajará a la ciudad de Washington donde espera ser recibido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano dependiente de la OEA, ante el cual expondrá su caso como una violación a los derechos y libertades individuales, suyas y de los 732 mil bogotanos que lo eligieron como alcalde de la capital de la república.

La víspera, ante sus seguidores en la Plaza de Bolívar, el alcalde Petro habían afirmado que «es hora de que el Presidente de la República tome una decisión ya que de acuerdo a la ley es él quien tiene la potestad de destituir al Alcalde Mayor de Bogotá, además de demostrar que en Colombia se puede cumplir con el acuerdo al que llegó con la guerrilla de las Farc, respetando los derechos políticos de quienes decidan dejar las armas y hacer la paz.

«El Presidente de la República me ha invitado a reunirme con él, aquí está en peligro la democracia, tenemos que hacerle un llamado. Del Presidente de la República demando su acción inmediata porque está obligado por la Convención, por la Constitución y la ley, es el momento de actuar, es el momento de hacer la paz», manifestó el Alcalde.

Petro explicó que el artículo 323 de la Constitución Política de Colombia señala que «en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al Alcalde Mayor», por lo que es el Presidente Santos quien puede tomar este tipo de medidas.

Señaló que además el artículo 44 del Estatuto Orgánico de Bogotá establece que es el Presidente de la República, el único que puede destituir al Alcalde Mayor, por lo que la decisión del Procurador General de Nación rompe la Constitución, la ley y el Estado Social de Derecho.

«Una democracia para vivir necesita respetar la ley, es el Estatuto Orgánico de Bogotá superior a las demás leyes, es la base misma de la ciudad, ninguna norma escrita dice que el Alcalde Mayor de Bogotá será destituido por el Procurador, si la ley dice que es el Presidente quien destituye al Alcalde, creo que el Presidente debe pronunciarse», manifestó el mandatario.

De igual manera, el burgomaestre señaló que además de las leyes del país, el Presidente Santos debe demostrar que en Colombia si es posible cumplir con el acuerdo al que llegó el Gobierno Nacional con la guerrilla de las Farc, que le brinda garantías políticas a los guerrilleros que decidan abandonar las armas.

«El Jefe de Estado ha decidido hacer un proceso de paz y ha hecho un acuerdo, le ha dicho a los guerrilleros que si dejasen las armas tendrán derechos políticos, si el Jefe de Estado es el que puede destituir al Alcalde, cómo podría garantizar el acuerdo 2 con las Farc, si allá les dicen dejen las armas y hagan la paz y a quienes lo hicimos se nos quitan los derechos y las garantías políticas», puntualizó.

Finalmente, Petro anunció que «el miércoles 18 de diciembre, he sido invitado a hablar con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la máxima instancia de la justicia a nivel de América podrá escucharme y empezará su reflexión, para tomar decisiones alrededor de la sentencia administrativa que yo considero un golpe de Estado».