El exministro Fabio Valencia Cossio rechazó las declaraciones del saliente director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, en las que desconoce los avances en materia carcelaria del gobierno Uribe y no admite que entrega la entidad con un hacinamiento del 58% y siete meses de emergencia carcelaria por superpoblación y problemas de salud.
En un comunicado de prensa de ocho puntos, el exministro del Interior y de Justicia, rechaza las declaraciones del general Ricaurte en el diario El Tiempo, según las cuales encontró un Inpec a punto de ser liquidado.
Valencia Cossio recuerda que en el gobierno de Álvaro Uribe se construyeron diez nuevos centros de reclusión; se implementó un modelo educativo; por primera vez la población carcelaria fue afiliada al sistema de salud; se implementó un sistema tecnológico que permite audiencias virtuales en 30 centros penitenciarios, y se solucionó el problema histórico de recurso humano para cubrir las necesidades administrativas y de custodia.
El siguiente es el texto del comunicado de prensa del exministro Fabio Valencia Cossio:
COMUNICADO
El Ex Ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio, manifiesta que el Señor General Gustavo Adolfo Ricaurte, Director saliente del INPEC,desconoce importantes logros del INPEC en la entrevista publicada hoy 27 de diciembre del 2013 en el periódico El Tiempo página 4, cuando afirma que hace tres años “recibió una entidad moribunda a punto de ser liquidada”:
1. El General desconoce que el gobierno del Presidente Uribe dejó 10 nuevos y modernos centros de reclusión que incluían 22.453 cupos que llevarían a un hacinamiento del 4,6% para 2010.
2. El General olvida que recibió un INPEC con la implementación del modelo educativo propio del Sistema Penitenciario y Carcelario en 47 establecimientos de reclusión, el fortalecimiento de 415 proyectos productivos (generación de 70.000 millones de pesos anuales incorporados al presupuesto nacional en 2010) y la implementación de programas de prevención de la drogadicción en 101 establecimientos de reclusión (como parte de la campaña “Colombia Territorio Libre de Drogas” hoy vigente).
3. El General Ricaurte olvida que recibió un INPEC que por primera vez en la historia del país, permitió que toda la población reclusa fuera afiliada al sistema general de seguridad social en salud. El exitoso proceso, iniciado en 2009, permitió que para junio 2010 cerca de 100 mil personas, entre internos y sus hijos menores de 3 años, fueran beneficiarios del régimen subsidiado de salud.
4. El General Ricaurte olvida que en agosto del 2010 se entregó un INPEC con la tecnología necesaria para realizar audiencias virtuales en 30 establecimientos de reclusión evitando el desplazamiento de internos y abogados para los trámites judiciales. Además, los 10 nuevos establecimientos quedaron dotados con modernas salas para audiencias judiciales y entrevistas con los abogados.
5. El General Ricaurte olvida que después de 14 años, el INPEC logró, a mediados de enero de 2010, reestructurarse para cubrir un déficit histórico de su recurso humano creando 3.297 cargos entre cuerpo de custodia y personal administrativo para cubrir las necesidades de personal de los nuevos establecimientos de reclusión.
6. El General Ricaurte desconoce que el gobierno del Presidente Uribe entregó el sistema de vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión o detención domiciliaria, beneficiando a 5.938 entre sindicados y condenados.
7. El General Ricaurte olvida que recibió una institución en la que según su propio informe[1] de rendición de cuentas del 2010 afirma que “durante el primer semestre de 2010, se contó con la participación de 570 internos en la presentación de las pruebas de Estado realizadas por el ICFES, y 777 internos en la validación general del bachillerato académico, para un total de 1347 internos participantes”.
8. Vale la pena destacar que el General afirma que hoy entrega “cárceles disciplinadas y humanizadas” aun cuando a diciembre del 2013 se encuentran 120.050 internos que corresponden a un 58% de hacinamiento, que se declaró por 7 meses la emergencia carcelaria desde el 31 de mayo del 2013[2] por la superpoblación y los problemas de salud que ello conlleva y, que se llegó a cifras de hacinamiento hasta del 365% como el caso del Establecimiento Penitenciario en Riohacha a 30 de noviembre del 2013[3].
