El presidente de la República, Juan Manuel Santos, destituyó este jueves públicamente a director de cárcel El Pedregal, en Medellín, por fuga de cuatro miembros de ‘los Urabeños’, entre ellos la de Nini Johana Úsuga David alias “la Negra”, hermana de Darío Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, máximo jefe de esa banda criminal.
Santos instruyó al ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, para que destituya “en forma fulminante al director de esa cárcel” y que pida a la Fiscalía la investigación del caso, así como al Consejo Superior de la Judicatura.
El Jefe de Estado subrayó que “este tipo de situaciones no se pueden permitir”.
Entre los presos que salieron de la cárcel está Nini Johana Úsuga David, hermana de Darío Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, y otros cercanos al cabecilla de “los Urabeños” Rafael Uribe Nieto, Walter de Jesús Castrillón Jaramillo y Merado Pena Bautista.
Los cuatro fueron capturados por la Unidad contra las Bandas Emergentes (Bacrim) de Medellín, a principios de diciembre de 2013 durante un operativo que permitió la incautación de 8 mil millones de pesos en Medellín y Rionegro (Antioquia).
Sobre la fuga se estableció que el 26 de diciembre de 2013 se envió un oficio firmado por Natalia Campos Bernal, supuesta secretaria del Juzgado Promiscuo del Municipio de Canalete (Córdoba), donde se ordena la libertad inmediata de los procesados por una supuesta revocatoria de la medida de aseguramiento que pesaba en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado. Por solicitud del Centro de Servicios Judiciales de Medellín el oficio es confirmado supuestamente por el propio juez Ángel Castro Durán.
La solicitud de libertad habría sido firmada por la juez coordinadora del centro de servicios judiciales de Medellín, contra quien la Fiscalía inició también investigación para determinar su responsabilidad en los hechos. Los delitos por los cuales se inició el proceso a la funcionaria son falsedad en documento, uso de documento falso, fraude a resolución y fuga de presos.
Igualmente, en contra de los procesados que quedaron en libertad, se ordenó su recaptura porque tienen medida de aseguramiento y serán también judicializados en un nuevo proceso por los mismos delitos que se investiga a la juez, ya que asaltaron la buena fe del centro de servicios judiciales.
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