Como un punto de partida para solucionar la crisis carcelaria que vive el país, calificó el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, la entrada en vigencia de la Ley de Reforma al Código Penitenciario y Carcelario, presentada junto con los demás miembros del Consejo de Política Criminal.

El paquete de medidas aprobado por el Congreso en la pasada legislatura y sancionado ayer por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, implementa la oralidad en los procesos ante los jueces de ejecución de penas y permitirá la libertad de por lo menos unas 7.000 personas recluidas por delitos no graves, como la inasistencia alimentaria, falsedad y prevaricato. Además, otorgará el beneficio de detención domiciliaria para quienes tengan una condena menor a 8 años de cárcel, excluyendo del beneficio a los delitos considerados como graves.

Otra de las modificaciones incluye que los internos que ya han pagado una gran parte de su condena, es decir las tres quintas partes, puedan solicitar la libertad condicional, lo mismo rebajas hasta de una sexta parte de su pena a quienes entreguen información que permita dar con autores o partícipes de delitos.

«Aquí no se van a decretar libertades a nadie que tenga delitos de alto impacto frente a la sociedad, Lamentablemente, cuando entró en vigencia el Sistema Penal Acusatorio se incrementaron las penas. Se está corrigiendo ese error y el de las demás leyes concordantes. Se está volviendo a la normalidad de una situación que era anormal», afirmó el Defensor Otálora Gómez.

En un acto oficial organizado por el Ministerio de Justicia para anunciar la sanción de esta ley, el Defensor del Pueblo dejó en claro la norma que entró en vigencia no es la solución al grave problema de hacinamiento en los centros de reclusión e insistió que el Gobierno Nacional debe acompañar este esfuerzo con otras medidas como el ajuste al Sistema Penal Acusatoria y la construcción de más cárceles.

Invitó a todas las instituciones del Estado intervenir de manera coordinada para poner fin a la vulneración y el desconocimiento de los derechos humanos de la población reclusa. A su juicio, es necesario encontrar los mecanismos necesarios para mitigar los efectos de la peor crisis carcelaria que haya registrado el país en su historia reciente, con un hacinamiento que ronda el 58%. «Desde la Defensoría hemos visibilizado esta problemática y hemos demandado de las diferentes instituciones el respeto a los internos», agregó Otálora Gómez.

En ese sentido, anunció que la Defensoría del Pueblo cuenta con equipo inicial de 165 defensores públicos a nivel nacional asignados para asesorar y representar en las cárceles a quienes no cuenten con recursos para conseguir favorecerse de los nuevos instrumentos contemplados en la Ley de Reforma al Código.

También consideró que con la entrada en vigencia de estas medidas, el Estado, podrá bajar la congestión judicial con la reducción de audiencias y el requerimento de jueces. A esto se espera una sustancial baja en las demandas contra el Estado por fallas del sistema, representado en la privación injusta de la libertad.