El Secretariado de las Farc admitió que unidades de esa guerrilla cometieron el ataque que el pasado 16 de enero en el municipio de Pradera (Valle), además anunció «correctivos disciplinarios», en lo que ha sido calificado como la primera condena de esta guerrilla a un atentado perpetrado por uno de sus frentes.

«La orden partió del mando de una de las unidades que componen el Bloque Móvil Arturo Ruiz de las FARC, situación que conduce a nuestro reproche abierto y a la aplicación de los correspondientes correctivos disciplinarios», expresó la cúpula de las Farc en un comunicado fechado en las Montañas de Colombia.

Este es un evento sin precedentes, teniendo en cuenta que es la primera vez que las Farc condenan un atentado, en este caso el perpetrado el 16 de enero, un día después del fin de la tregua unilateral que esta guerrilla había declarado con motivo de las fiestas navideñas.

Ese día una unidad de esta guerrilla hizo estallar una moto con explosivos el centro de Pradera, en el convulso departamento del Valle del Cauca, don murió una persona y más de 50 resultaron heridas, la gran mayoría civiles.

Los jefes guerrilleros defendieron que los autores «jamás tuvieron la intención de ocasionar algún daño a la población civil» pero aclararon que esta circunstancia «no excluye su responsabilidad por la falta de previsión de los efectos contra ella».

«Así no se hace la guerra, esa no es la filosofía ni la orientación política o militar que nos caracteriza», agregaron los miembros del Secretariado.

Con «independencia del manejo propagandístico acerca de las verdaderas dimensiones de la acción», que conmocionó a Colombia por ejecutarse en el centro de un núcleo urbano, las FARC expresaron «su repudio y condena ante este tipo de hechos».

Ariel Ávila, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, señaló que la unidad responsable del ataque está comandada por Jorge Torres Victoria, alias «Pablo Catatumbo» y número dos de las FARC en La Habana, por lo que es una «estructura muy bien portada, que obedece órdenes del Secretariado».

Según Ávila, esta condena pública se enmarca dentro del proceso negociador que las FARC y el Gobierno discuten desde noviembre de 2012: «necesitan dar confianza, por esto lo hacen».

Santa Fe con agencias