El congresista Iván Cepeda manifestó su preocupación por los efectos que traerá la inminente salida de la cárcel de más de 60 paramilitares desmovilizados que cumplirán sus condenas bajo la Ley de Justicia y Paz. Según el defensor de derechos humanos, no se han cumplido los acuerdos de verdad y reparación, lo que se ve reflejado en los pocos bienes entregados, y en la escasa información sobre sus colaboradores y financiadores.

Además, indicó que no estarán dadas las garantías de no repetición, por considerar que las estructuras del poder paramilitar en las regiones siguen vivas.

De manera reiterada, el representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, ha expresado sus inquietudes con respecto a los pocos resultados obtenidos en materia de verdad, justicia y reparación, con la Ley de Justicia y Paz. Esta vez aseguró que con la eventual salida de las cárceles, de los jefes paramilitares que cumplen sus condenas este año, las garantías de no repetición no se cumplirán.

Para el congresista, “las condiciones están dadas para que se susciten nuevos hechos de violencia sistemática como los que padecieron comunidades cuando estos jefes comandaban estructuras paras. Ese temor se sustenta en el hecho de que no se ha producido la entrega de bienes o el desmonte de poder regional que ostentaban”, aseguró.

Cepeda recordó que durante los últimos años, diferentes estructuras paramilitares como las ‘Águilas Negras’ y los ejércitos antirrestitución, han perseguido a los líderes campesinos y de restitución de tierras, lo que podría intensificarse en caso de que algunos paramilitares que salgan de las cárceles vuelvan a integrar estos grupos.

El representante también afirmó que hasta el momento, con solo 14 sentencias de Justicia y Paz, no se han visto resultados concretos frente a la responsabilidad penal de quienes han actuado como beneficiarios y financiadores de las estructuras criminales que han operado y operan en Colombia.

Conforme a las cifras oficiales, en ejecución de la ley 975 de 2005, hasta febrero de 2011, la Fiscalía había compulsado copias en 8.080 casos contra terceros para su investigación por la presunta comisión de diferentes delitos, entre los que se encuentran 429 políticos, 395 integrantes de fuerzas militares y 155 servidores públicos.