Tres acciones de tutela interpuestas por la Defensoría del Pueblo Regional Tolima permitieron que varios jóvenes hicieran valer sus derechos para aclarar su situación militar.

Entre diciembre y enero pasados, familiares de jóvenes que fueron reclutados por el Ejército sin tener en cuenta las causales de exención de prestar el servicio militar contempladas en la Ley, acudieron a la Defensoría del Pueblo para que los distritos de reclutamiento les definieran su situación.

Los familiares argumentaron causales como objeción de conciencia, ser hijo único, ser padre cabeza de hogar, estar inscritos en programas académicos de educación superior y no ser aptos medicamente. Estas razones no habían sido tenidas en cuenta por el Ejército, a pesar de que habían sido presentadas por los familiares de los jóvenes.

Luego del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, un juez penal del circuito y magistrados del Tribunal Superior de Ibagué le ordenaron al Ejército Nacional y la Armada Nacional, a través de sus oficinas de reclutamiento y control de reservas, proceder de inmediato a desacuartelar a los jóvenes y definir su situación.

Ante la preocupación particular del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, sobre esta problemática, recientemente se le solicitó a la Corte Constitucional la selección para revisión de dos casos en los que se evidencia una serie de irregularidades en los procesos de reclutamiento y las dificultades que tienen aquellos jóvenes que pretenden hacer uso de su derecho fundamental a la objeción de conciencia para la prestación del servicio militar.

El Alto Tribunal atendió la solicitud de la Defensoría del Pueblo y actualmente los dos casos se encuentran en proceso de estudio. El Defensor del Pueblo espera que, en el análisis de estos dos casos, la Corte Constitucional precise su jurisprudencia frente a los procedimientos y las obligaciones que deben cumplir las autoridades a cargo del reclutamiento para la prestación del servicio militar obligatorio.

Casos

Según información entregada a la Defensoría Regional Tolima, en el caso de Jorney Erney Lizcano, su compañera Dora Velázquez le pidió ayuda a la Defensoría del Pueblo destacando que a su compañero se lo habían llevado a pesar de que al momento del reclutamiento le había mostrado al Ejército que contaba con libreta militar de segunda clase, por ser haber resultado apto debido a una dolencia en la columna. A pesar de haber mostrado su libreta fue llevado al curso de entrenamiento en Coveñas a finales de septiembre de 2013 y lleva tres meses de instrucción. La tutela hasta hoy quedó en firme y se espera que se cumpla, ya que Lizcano seguía en el batallón de Infantería de Marina de Tumaco.

Otro caso es de Nelson Díaz Carvajal, quien se acogió al derecho a la educación, ya que cuando fue reclutado estaba en el proceso de inscripción en la Universidad del Tolima y esta le dio una certificación de que había superado el proceso y tenía cupo. Sin embargo, fue incorporado y enviado a Honda en diciembre pasado. Actualmente, está en la Universidad.

El tercer caso, es el Jhon Molano Mosetón, quien argumentó haber sido reclutado a pesar de ser padre de una menor de dos meses, y de que su compañera sentimental dependía económicamente de él. Mosetón estuvo un mes y medio en el batallón de Pamplona (Norte de Santander).