-El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, anunció en las últimas horas un riguroso seguimiento a las investigaciones iniciadas por los organismos judiciales en torno a las amenazas de muerte proferidas contra el alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro y a dirigentes políticos de la Unión Patriótica y de Marcha Patriótica.

Tras condenar las amenazas, el Procurador pidió revisar los esquemas de seguridad para los afectados e implementar medidas a aquellos que no cuentan con protección, a fin de garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas afectadas por estos señalamientos.

Las precisiones las hizo el jefe del Ministerio Público en el siguiente comunicado:

La Procuraduría General de la Nación rechaza enfáticamente las amenazas de muerte conocidas en las últimas horas contra los señores Gustavo Petro Urrego, Iván Cepeda Castro y la señora Piedad Córdoba, así como contra los dirigentes de la Unión Patriótica, del movimiento Marcha Patriótica y de la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA).

En el marco de sus competencias, el Ministerio Público, a través de su Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, inició una acción preventiva que incluye gestiones de seguimiento y control a las entidades del Estado encargadas de velar por la protección y seguridad de los ciudadanos, con el fin de que se tomen las medidas pertinentes.

Dentro de las acciones desplegadas por esa agencia del Ministerio Público, se elevó petición a la Fiscalía General de la Nación para que se estudie la posibilidad de priorizar las pesquisas y agilizar las labores tendientes a esclarecer los hechos constitutivos de amenazas para los presentes casos.

Igualmente, la Procuraduría solicitó a la Unidad Nacional de Protección revisar las medidas de protección vigentes con las que cuentan los líderes políticos e integrantes de las organizaciones mencionadas en los comunicados amenazantes, y recomendó a esa Unidad que se evalúe la viabilidad de realizar análisis de inminencia en favor de los ciudadanos que no poseen medidas materiales de protección, a fin de garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas afectadas por estos señalamientos.