–El Tribunal Superior de Ibagué condenó al Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón a purgar un día de cárcel por no dar cumplimiento a un fallo de tutela que amparó los derechos de un exsuboficial de la Policía Nacional.

El organismo judicial dispuso que el jefe de la cartera de Defensa cumpla la sanción en una guarnición militar.

La tutela que desacató el Ministro Pinzón fue instaurada por el suboficial retirado José Eduardo González Barón, porque se le había negado la reliquidación de su pensión y además, el subsidio familiar a que tenía derecho uno de sus hijos.

Según González Baron, quien es abogado litigante en la capital del Tolima, pese a que la Policía finalmente cumplió con su requerimiento, no le concedió los retroactivos que sumarían cerca de 30 millones de pesos, por lo que recurrió al Ministerio de Defensa.

Dijo que debió entutelar al Ministerio porque violó su derecho fundamental a la información.

El magistrado Osvaldo Tenorio Casañas, en su ponencia, informó que la Sala de Decisión, antes de admitir la referida solicitud de sanción de desacato, requirió al Ministro “para que informara sobre el cumplimiento al fallo de tutela (e incluso) requirió al Presidente de la República, a fin de que hiciera cumplir la orden de amparo”, sin embargo, Pinzón Bueno “nunca respondió”.

Según la Sala de Decisión Laboral, aunque esperó respuesta del Ministerio de Defensa en un lapso prudencial, este guardó silencio, por lo que la Secretaría de la Presidencia de la República informó que al tenor de lo establecido correspondía al Procurador General de la Nación iniciar una acción disciplinaria.

El ministro Pinzón nunca contestó los oficios de julio de 2012, enero de 2013, mayo de 2013, junio de 2013 y agosto de 2013.

El Ministerio de Defensa finalmente concedió al suboficial el reconocimiento a los retroactivos dejados de percibir, es decir, los años que fueron dejados de pagar con el reajuste del 4 por ciento desde el 2009.

Sin embargo, el exsuboficial señaló que Pinzón Bueno no reconoció que sus retroactivos deben ser pagados a partir de 2005, por lo que pidió la revocatoria directa en contra del acto administrativo preferido por el Ministro.