–El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez advirtió que el otorgamiento de medidas cautelares al alcalde de Bogotá Gustavo Petro por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) generaría en Colombia “no solo un fuero de inmunidad sino de impunidad para los funcionarios elegidos popularmente”.

El pronunciamiento lo hizo Ordoñez en Washington luego de reunirse con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez, para sustentar las razones que lo llevaron a sancionar al alcalde Petro con la destitución y la inhabilitación política por 15 años.

El jefe del Ministerio calificó de “dramáticas” las consecuencias que tendría para el ordenamiento jurídico colombiano una decisión del organismo interamericano en contra de la destitución de Petro.

“Es indudable que las medidas, en el entendido que fuese por la ausencia de competencias del Procurador para imponer sanciones, tendrían dramáticas consecuencias para el ordenamiento jurídico colombiano, porque sería generar no solo un fuero de inmunidad sino de impunidad respecto a los funcionarios públicos elegidos popularmente cuando estén incursos en irregularidades administrativas o en conductas relacionadas con la corrupción”, precisó Ordóñez.

Como se recuerda, el alcalde Gustavo Petro solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 28 de octubre en un intento por reversar su destitución.

Frente a este hecho, Ordoñez dijo que ‘la Procuraduría actuó dentro del marco constitucional, legal y sujeto a las realidades probatorias’.

Al preguntársele si estaba dispuesto a acatar la decisión que tome la CIDH, Ordóñez se limitó a señalar que la competencia del Sistema Interamericano es subsidiaria’ de la de los Estados de las Américas.

A instancias de los periodistas, el procurador Ordoñez se refirió a la decisión de un juez administrativo de Bogotá que declaró legal el decreto que reglamentó el nuevo sistema de aseo de la ciudad y que fue usado por la Procuraduría como argumento para destituir a Petro.

Al efecto sostuvo que el decreto fue solo una de las tres faltas por las que se sancionó al Alcalde y anunció que analizará este fallo para determinar si se interponen los recursos legales correspondientes.

A su turno, el secretario de la comisión interamericana, Álvarez Icaza, advirtió que el organismo no tiene un calendario establecido para tomar una decisión en torno a la petición de Petro y seguirá estudiando la evolución jurídica del caso.

No obstante indico que “la Comisión puede tomar una decisión antes porque considera, inclusive en los términos del propio orden constitucional colombiano, que eso es factible”.’

Añadio que por ahora la comisión seguirá monitoreando el caso muy de cerca y se tomaría el tiempo que sea necesario antes de llegar a una decisión.

“Es un tema que requiere una enorme atención por la complejidad y en función de eso la Comisión irá monitoreando y siguiendo el tema; no estoy en condiciones de poder decir cuando la comisión tomará una decisión final”, precisó.

Alvarez Icaza advirtió que la misma constitución colombiana reconoce la competencia de la CIDH cuyas decisiones, hasta ahora, el estado colombiano ha acatado y así se lo hizo saber al Procurador.