–El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, desató una gran controversia en las últimas horas al afirmar que a La Habana, Cuba, no deben viajar “las víctimas genéricas”, sino exclusivamente las causadas por la guerrilla de las Farc.

Previamente, el gobierno nacional, en un comunicado de la delegación que participa en las conversaciones en territorio cubano, advirtió que “ni ha vetado, ni vetará a ninguna víctima que aspire a ser escuchada”.

Como se sabe, el gobierno y las Farc abocarán este mes de agosto el punto de la agenda sobre las “víctimas” del conflicto armado y precisamente el pasado 18 de julio acordaron que cinco delegaciones de víctimas del conflicto armado, cada una integrada por 12 personas, viajarán a La Habana, para exponer sus demandas en la mesa de conversaciones de paz, reconociendo que “su voz será un insumo fundamental en las discusiones sobre este punto”.

En el comunicado conjunto que emitieron entonces, las partes señalaron que “en particular las delegaciones deben reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno, teniendo en cuenta los diferentes sectores sociales y poblaciones, y el enfoque regional”.

Además reseñaron que “los miembros de las delegaciones deberán ser víctimas directas del conflicto y participarán en esa condición y no en representación de otros. Lo anterior no excluye los casos de victimización colectiva”.

Ayer, concretamente, el procurador Ordoñez sostuvo que en la mesa de negociaciones de La Habana deben estar presentes exclusivamente padres de hijos reclutados por las Farc, huerfanos, viudas y desplazados, familiares de militares muertos, también causados por las acciones del grupo guerrillero.

En el comunicado, la Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Conversaciones en Cuba, hizo las siguientes precisiones:

La Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Conversaciones en La Habana, Cuba, se permite aclarar a la opinión pública que:

1. Como lo establece explícitamente el comunicado conjunto # 39 del 17 de julio del año en curso, las delegaciones de víctimas que asistan a las audiencias que se llevarán a cabo en La Habana “deben reflejar todo el universo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que se hayan presentado a lo largo del conflicto interno (…)” y su composición debe ser equilibrada.

2. Como resultado de su participación en el conflicto armado, hay miembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, y en consecuencia no deben ser excluidos por su condición de servidores públicos.

3. La selección de las delegaciones de víctimas que asistirán a las audiencias en La Habana está a cargo de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional. La Conferencia Episcopal acompañará ese proceso para garantizar el cumplimiento de los criterios de selección.

4. El Gobierno Nacional reitera su decisión de oír a las víctimas sin restricción ni discriminación alguna, a través de los distintos mecanismos de participación de la Mesa, en especial los foros de víctimas y las audiencias que se llevarán a cabo en La Habana.

Por tanto, el Gobierno ni ha vetado, ni vetará a ninguna víctima que aspire a ser escuchada”.