Los mandatarios tendrán 10 días para presentar un informe sobre las medidas ya adoptadas para hacerle frente a los impactos de la variabilidad climática y las que planean adelantar.
Luego de realizar varios llamados en los últimos meses, la Procuraduría General de la Nación requirió a los alcaldes municipales y distritales, gobernadores departamentales y autoridades ambientales regionales y nacionales, para que informen en un término de 10 días las medidas preventivas tomadas para afrontar la temporada de sequía que vive el país debido al denominado “fenómeno del niño” y que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) se extenderá durante los próximos 9 meses.
En este sentido, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, recomendó a los mandatarios implementar estrategias pedagógicas encaminadas a hacer uso eficiente del recurso hídrico y preparar a los ciudadanos ante los posibles impactos que ocasione el fenómeno.
En su comunicación, el ente de control recordó a los funcionarios el estricto cumplimiento de las normas ambientales, especialmente en lo referente al uso del recurso. De acuerdo con el Decreto 1541 de 1978, se establece como prioridad el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural.
Por su parte, le solicitó a las corporaciones autónomas regionales ambientales y de Desarrollo Sostenible que realicen un estudio encaminado a racionalizar todas las concesiones de agua otorgadas para privilegiar el consumo doméstico, así como les pidió hacer uso de las herramientas legales y constitucionales para proteger el recurso hídrico y garantizar su sostenibilidad.
Finalmente, la Procuraduría solicitó a dichas autoridades adelantar acciones coordinadas y dirigidas, ante la situación climática que afronta el país, y dejó en claro su preocupación de que a pesar de las continuas advertencias de la entidad, así como del IDEAM, se estén presentando emergencias de desabastecimiento en varias regiones del país, sin que existan planes de contingencia y medidas alternas que permitan minimizar las consecuencias de este tipo de emergencias.
