Graves irregularidades en registro, adjudicación y titulación de baldíos en Caquetá
En un comunicado, señala que una investigación liderada por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, a partir de una denuncia anónima recibida en esta dependencia, permitió evidenciar la pérdida de 52.315 hectáreas adjudicadas por el INCORA/ INCODER y 97.828 hectáreas por falsa tradición por un valor estimado de dos billones ochocientos cincuenta mil millones de pesos ($2.850.000.000.000).
De igual manera, se evidenciaron fallas y procedimientos inadecuados en la Oficina de Instrumentos y Registros Públicos de San Vicente del Caguán y Florencia, en el recaudo del impuesto de registro. Como consecuencia la Superintendencia de Notariado y Registro debió pagar $1.708.349.000 millones de pesos por concepto de impuesto de registro, intereses moratorios y sanciones de extemporaneidad, dineros que no se ha recuperado por parte de la entidad.
Entre otros hallazgos de esta Actuación Especial de Fiscalización a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Vicente del Caguán y Florencia, se determinó que los actos administrativos de adjudicación registrados, se presentaron sin los requisitos legales, sin debida notificación, ejecutoría, sin firma de quien la expide, con enmendaduras y en algunos casos no se expedían en papel oficial o sin allegar la certificación de fijación y de desfijación del edicto de notificación.
Esta Actuación Especial de Fiscalización a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Vicente del Caguán y Florencia (Caquetá) se realizó en el marco del Especial Seguimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, con el objeto de verificar las denuncias sobre presuntas irregularidades en el registro de escrituras públicas y resoluciones de adjudicación y titulación e inscripción registral de baldíos nacionales o de propiedad parcelaria y la asignación del subsidio integral de reforma agraria.
Otras irregularidades detectadas
En la Actuación Especial de Fiscalización de la CGR se encontraron folios de matrícula inmobiliaria en donde no se inscribe la limitación a la que queda sujeto el beneficiario de la adjudicación (hipoteca y fraccionamiento).
El informe también precisa que en la Notaria Segunda de Florencia Caquetá se realizaron escrituras de englobe de unidades agrícolas familiares sin que se pudiera efectuar tanto la autorización de la escritura como el registro de la misma.
Hasta ahora no se han efectuado acciones conducentes a anular los registros que fraudulentamente y en contra de las disposiciones legales se realizaron en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Florencia y de San Vicente de Caguan.
Así mismo, la CGR determinó que el INCODER no ha efectuado ningún procedimiento legal para que se declare la nulidad de las escrituras públicas que desconocen las disposiciones normativas señaladas en la Ley 160 de 1994 y la resolución 041 de 1996.
Entre otras inconsistencias se pudo establecer que existen folios con inscripción de englobes de predios provenientes de adjudicación de baldíos superando el límite de la Unidad Agrícola Familiar definida para la zona por la resolución 041 de 1996, articulo 8, transgrediendo a su vez el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.
También se hallaron folios en donde un solo titular adquiere la propiedad de varios predios provenientes de la adjudicación de baldíos y la venta fraccionada de predios adjudicados como baldíos (en vigencia de la Ley 160/94) sin allegar autorización expresa de INCORA/INCODER.
Falta de actuación del INCODER y Supernotariado
Ante estos hechos, la Contraloría General de la República considera que la Superintendencia de Notariado y Registro no ha efectuado los procesos de investigación por las conductas desplegadas por los notarios y las fallas por ellos cometidos en la autorización de escrituras contrarias a la ley y que facilitaron el despojo y la violación de la ley en los terrenos baldíos y la acumulación de las unidades agrícolas familiares y parcelas agrarias.
Así mismo el organismo de control da cuenta de la falta de actuación del INCODER para solicitar y efectuar los procedimientos en la recuperación de los terrenos baldíos de la nación y las declaratorias de nulidad de esas escrituras y actos administrativos que permitieron la titularización de las tierras.
En este sentido la CGR considera que se debe dar traslado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen las presuntas omisiones del Superintendente de Notariado y Registro en el cumplimiento de su deber legal.
