El Gobierno argentino acusó este viernes al juez federal estadounidense Thomas Griesa de inmovilismo «para beneficiar a los fondos buitre» y denunció que investigará la existencia de una «posible estafa millonaria» para el cobro de seguros de impago.

«Una vez más el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados», sostuvo el Ministerio de Economía argentino en un comunicado horas después de la vista celebrada en Nueva York.

«De este modo, lejos de mantener el status quo, como lo ha denunciado la República, vuelve a favorecer a los fondos buitre», continuó el documento.

Según la cartera encabezada por Axel Kicillof, al bloquear el cobro a algunos de los bonistas de deuda reestructurada, Griesa «pretende someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden, aún cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la ley argentina».

El Ministerio de Economía argentino criticó la decisión del juez de mantener a Daniel Pollack como mediador por considerar que ha demostrado «su manifiesta parcialidad» a favor de los fondos especulativos.

Además, rechazó de nuevo que el país haya entrado en cese de pagos y advirtió que las decisiones del juez pueden ser «una maniobra encaminada a que los fondos buitre, directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen».

En ese sentido, se refirió a la decisión tomada este viernes por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por su sigla en inglés) de hacer lugar al pago de los seguros de impago por un monto cercano a los 1.000 millones de dólares.

«Si bien esto no implica que la República deba pagar absolutamente nada, ya que son transacciones entre privados, favorece a unos privados a expensas de otros en intenta instalar el mensaje que Argentina se encuentra en default», agregó el ministerio en el comunicado.

Según el Gobierno de Cristina Fernández, «estaríamos ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece».

«¿Cómo puede ser que haya delegado en los fondos buitre la decisión de dar un stay (medida cautelar) a Argentina, cuando estos mismos fondos podían tener ganancias multimillonarias si no arreglaban?», se cuestionó la cartera encabezada por Kicillof.

El Ministerio de Economía reveló que «ante esta posible estafa millonaria» ha notificado la situación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y «ha solicitado que, de inmediato, se inicie una exhaustiva investigación».

A su juicio, la CNV debe determinar si el juicio «no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre, que pretende que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil, pero también por los derivados financieros que se cobran cuando esta sociedad ISDA lo decide».

Cristina Fernández aseguró el jueves que Argentina «va a utilizar todos los instrumentos legales» para que los acreedores que adhirieron los canjes de deuda en 2005 y 2010 (el 92,4 % del total) reciban el dinero correspondiente al último vencimiento de deuda, que fue girado a los bancos por el país suramericano el pasado 26 de junio.

Pese a haber efectuado el pago, el juez neoyorquino lo mantiene congelado en las entidades bancarias bajo la cláusula «pari passu», que obliga a un desembolso simultáneo a todos los bonistas, con o sin quitas, o, en su defecto, la prioridad de pago a los acreedores litigantes (1 %).

En la vista celebrada hoy, Griesa descartó reemplazar a Pollack por «pérdida de confianza», tal y como alegó Argentina, y llamó a las partes a continuar las negociaciones pese a haber vencido el mes de plazo que tenía el Gobierno de Fernández para pagar a los fondos especulativos o fondos buitre, como los llama el país suramericano.