–La Contralora General de la República, Sandra Morelli reiteró en las últimas horas sus denuncias en torno a la persecución que supuestamente le montó el Fiscal Eduardo Montealegre y afirmó: “Es que si el Fiscal pudiera pedir que me mataran o matarme, lo haría”.

Los pronunciamientos los hizo Morelli, tras el anuncio del ente investigador de imputarle cargos por los supuestos sobrecostos en el arriendo de la nueva sede de la Contraloría ubicada en el sector El Salitre, zona centrooccidental de la capital de la república.

“Me parecen gravísimas ciertas cosas, como que me citaba con personas en la peluquería para acordar no sé qué cosas, porque es totalmente falso, si tienen pruebas, de una vez lo digo tranquilamente que se las inventaron, así como pruebas de seguimientos a periodistas”, precisó la Contralora.

Por separado, en un comunicado, la Contralora afirmó que la Procuraduría General de la Nación pidió la nulidad de todo lo actuado por la Auditora en el proceso de responsabilidad fiscal en su caso.

Según argumentó el Ministerio Público, durante las actuaciones en el proceso por el gasto en gasolina de uno de los vehículos de la Contralora, la Auditoría ha procedido en abierto prejuzgamiento e igualmente puso de manifiesto la falta de garantías, señala el comunicado que agrega:

“El hecho ha sido manifiesto no solo en el auto de imputación, sino a lo largo de distintos pronunciamientos de auditoría. Para ello, la Contraloría General de la República ha denunciado la falta de garantías en todo el desarrollo de dichas actuaciones”.

La Fiscalía formulará cargos a la contralora Sandra Morelli por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

Los cargos tienen que ver con los sobrecostos en el arriendo de la sede de la Contraloría, supuesetos seguimientos a 2 periodistas y el tanqueo de carros particulares con dineros del organismo.

Se indicó en medios de la Fiscalía que no solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Morelli, pero si pedira a los magistrados del tribunal la aplicación de algunas medidas restrictivas como el impedimento de salir del país teniendo en cuenta la doble nacionalidad de la Contralora italiana y colombiana.

El pasado lunes, la Contralora emitió un comunicado en el cual hizo las siguientes precisiones:

“La Contraloría General de la República de Colombia manifiesta públicamente el rechazo a la forma avasallante y arbitraria como se viene comportando la Fiscalía General de la Nación regentada por Eduardo Montealegre Lynnet, antiguo abogado de ACEMI y Saludcoop, Presidencia de la República, Enerpereira, entre otros, toda vez que a más de las investigaciones acuciosas, constantes, maliciosas, contra la Contralora General de la República y alrededor de 70 funcionarios de esa entidad que en forma permanente deben soportar las pesquisas en sus sitios de trabajo a cargo de los agentes del CTI, enviar comunicaciones y documentos incluso dos veces diarias, y asistir a las múltiples diligencias a que se les cita desde hace más de dos años, ahora ante esta modalidad de auditoría permanente para establecer en tiempo real y con suma eficiencia los delitos a cometer, no dudan en presionar el sentido de las decisiones.

Las personas que han adoptado las decisiones de responsabilidad fiscal sobre Saludcoop, DNE, Chance de Caldas, Túnel de la Línea, Autopista Bogotá Girardot, Conigravas, Aerocafé y Servigenerales (de Alberto Ríos) están siendo investigadas.

Sin embargo en el caso del chance de Caldas, en el que anticipadamente se renegoció el contrato para reducir la tarifa a quien al parecer tenía vínculos comerciales con el Gobernador de la época, no solo abordaron la oficina del funcionario cuando este se disponía a adoptar una decisión de imputación, sino que además le advirtieron de un posible prevaricato y el día de hoy solicitaron copia de dicha decisión ya adoptada y una prueba que había sido pedida por el presunto responsable.

Las investigaciones comprenden desde las presuntas interceptaciones ilegales hasta la decisión administrativa de suspender labores por fumigación de la sede. En ese orden de ideas el control fiscal en Colombia viene siendo objeto de una censura en tiempo real y los funcionarios de la Contraloría General de la República están siendo sometidos a una presión indebida como consecuencia de la persecución permanente de la Fiscalía desde el momento mismo en que se denunció la conducta del señor Fiscal con Saludcoop con lo cual desconoce la autonomía constitucional del órgano superior de Control Fiscal y genera un desequilibrio de facto de los poderes públicos donde la Fiscalía funge de órgano de control del Control Fiscal criminalizando las decisiones proferidas para recuperar los dineros de los Colombianos que se han apropiado indebidamente por terceros y las decisiones administrativos para garantizar las mínimas condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad de la entidad, con exactamente el mismo presupuesto que anualmente se le venía asignando a la Controlaría, desde el 2010, sin que haya habido incrementos significativos, entidad que era hasta antes de esta administración reconocida por la precariedad de su infraestructura y la demora en sus actuaciones. Pareciera que ahora en Colombia, sin que medie reforma constitucional alguna, en la Unidad de Contexto, recién creada en la Fiscalía, se haya identificado el Control Fiscal como actividad de alta peligrosidad y por lo tanto haya sido necesario formular como política criminal prioritaria la lucha contra la Contralora y los más eficientes funcionarios de la entidad”.