–La Corte Suprema de Justicia admitió una demanda de casación interpuesta por la Contraloría General de la República que busca que se aumente la condena a los primos Nule y devuelvan más de un BILLÓN de pesos que corresponden al detrimento patrimonial causado a nivel nacional a través del llamado carrusel de la contratación. El hecho es que tras 4 años del proceso, los Nule no han reintegrado un sólo peso.

La petición de la Contraloría, que cobija a los controvertidos contratistas Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, Guido Alberto Nule Marino y su socio Mauricio Antonio Galofre Amín, está dirigida a la que la Corte pueda hacer un control de constitucionalidad y legalidad, casando parcialmente las sentencias del Juez de instancia y del Tribunal Superior de Bogotá, revocándolas respecto de la concesión de la rebaja del 50% de la pena posible.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Contraloría, en su lugar, la Corte debe dictar sentencia de reemplazo, interpretando adecuadamente el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 4 del Código Penal.

La admisión de esta demanda de casación tiene implicaciones para las víctimas en todos los procesos, en el sentido de que los jueces por el solo hecho de que los acusados reconozcan los delitos no les pueden reconocer la rebaja del 50% de la pena, sino que tiene que haber una ponderación y verificar la conducta pos delictual para otorgar entre la tercera parte y el 50%.

En el caso de los Nule, la CGR se constituyó como víctima, en representación de las entidades públicas que fueron defraudadas en sus recursos; el juez condenó a los Nule a 7 años y medio; el organismo de control apeló esa condena y el Tribunal Superior de Bogotá aumentó la condena a 14 años, 11 meses; y se acudió entonces a esta demanda de casación argumentando, como se dijo antes, que la rebaja no debe ser del 50% sino en un porcentaje mucho menor dado que no han devuelto los recursos públicos.

La Contraloría recordó que se ha opuesto siempre a preacuerdos sino hay devolución de recursos, de cara a que haya una reparación del daño fiscal causado, anotó la Contralora Sandra Morelli Rico.

Se busca que se apliquen los preacuerdos de conformidad a lo que establece la Ley, o sea que en la medida que hay restitución de recursos puede en los delitos como el peculado hablarse de tal principio, incluso pleno. Pero si tal cosa no sucede pues procede a aplicarse todo el derecho punitivo en términos de la privación de la libertad y obviamente de condenas económicas, sostuvo.

La Contraloría ha identificado que el daño patrimonial de los Nule a nivel nacional asciende a aproximadamente un billón de pesos y se han fallado algunos procesos fiscales y decretado embargos.

Sin embargo el país está pendiente que haya realmente un reintegro de eso recursos, dijo la Contralora General.

Se han hecho recuperaciones por embargos y algunos socios de los Nule han accedido a realizar pagos por unos $75 mil millones de pesos antes las actuaciones fiscales, penales y disciplinarias, agregó.

Al efecto, la Contralora Sandra Morelli hizo las siguientes precisiones: