El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, envió una comunicación al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, en la que plantea las inquietudes que surgen a propósito de la conformación de la denominada “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas”, cuyos integrantes se encuentran en La Habana (Cuba) en el marco del proceso de diálogos que adelantan el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero FARC.

Ante la próxima instalación de dicha comisión y la notoria ausencia de quienes pueden aportar realidades directas y concretas como víctimas del grupo terrorista, el jefe del Ministerio Público resaltó que “la sociedad tiene derecho a conocer la historia a través de un relato colectivo que refleje, de la manera más fidedigna posible, la realidad de los crímenes y de los aparatos criminales”.

Insistió el procurador en que “la verdad como derecho no puede ser jamás el resultado de una negociación entre el Gobierno Nacional y las FARC. La verdad no se negocia, al igual que no se negocian los derechos de las víctimas”, ello en el contexto de la reiterada jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional y en el derecho que tiene la sociedad colombiana frente a la verdad del conflicto armado y los métodos empleados por los victimarios que actualmente adelantan negociaciones con el Gobierno.

Reiterando lo manifestado en intervenciones públicas y ante la Academia, al procurador general preocupa el hecho de que “la organización guerrillera pretende que el informe de la comisión refleje su discurso histórico sobre lo que califica de ‘causas del conflicto social y armado’ (…) En un calculado esfuerzo para reescribir la historia, de tal modo que la nueva narrativa que surja del proceso de paz las legitime (a las FARC) y las vista de actor político, les sacuda la percepción que tienen los colombianos respecto a su accionar criminal, las eleve a un hecho histórico cuya responsabilidad no está en cabeza de sus fundadores, dirigentes e impulsores, sino radicada en el conjunto de la sociedad y en especial del Estado a través de las Fuerzas Militares”.

“La verdad no puede ser la que quieren los victimarios de las FARC”, sentenció el procurador Ordóñez Maldonado, alertando que este tipo de ejercicios ocultan la responsabilidad del grupo terrorista en graves violaciones a los Derechos Humanos a través de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidios.
“Por eso extraña mucho a la Procuraduría General de la Nación que se haya pactado una Comisión que contribuya al ‘esclarecimiento de la verdad’, cuyo informe deberá ser difundido a manera de un nuevo credo que explica a conveniencia de la Mesa de Conversaciones, del propio Gobierno y de las FARC, la violencia que esa organización ha desplegado durante décadas contra la sociedad”.

Tras recordar que el Estado colombiano no puede delegar de ninguna forma obligaciones como la construcción histórica de la verdad del conflicto y resaltar que la confirmación de la comisión cuestiona seriamente su imparcialidad e independencia, el jefe del Ministerio Público planteó cinco respetuosas inquietudes al jefe de Estado:

· ¿Cuál es la lectura que subyace en el proceso de La Habana y que se quiere ahora oficializar con dicha comisión?

· ¿Es ético imponer un relato sobre la violencia que resulta de la negociación de intereses del Estado y de las FARC, no de los intereses de la sociedad, que no son otros que se conozca la verdad sobre los hechos victimizantes y se respeten los derechos de las víctimas?

· ¿Qué se pretende realmente? ¿Revelar verdades? ¡Eso es lo que Colombia reclama!

· ¿Qué garantías se ofrece a la sociedad y qué mecanismos de controversia o complemento al contenido del informe existirán?

· ¿Cómo se permitirá la participación de las víctimas en la discusión que se adelante para elaborar el informe de la comisión? Las víctimas y la sociedad tienen derecho.