La Corte Suprema de Justicia solicitó este miércoles al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida la extradición del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, para que cumpla la condena de 17 años de cárcel impuesta por el Alto tribunal en junio pasado.

Andrés Felipe Arias pidió asilo en Estados Unidos, tras conocer la pena impuesta por la Sana Penal el pasado 17 de junio, cuando fue declarado culpable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos en la celebración de convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en medio del escándalo del programa Agro Ingreso Seguro.

La condenaincluye el pago de una multa por 30 mil millones de pesos.

Andrés Felipe Arias salió del país a comienzos de junio, según lo reveló en su momento la canciller María Angela Holguín, quien aseguró que el exfuncionario está en los Estados Unidos, más concretamente en la ciudad de Miami, Florida.

“Hizo unos trámites en el consulado de Miami. La cónsul se lo comunanica a la Cancillería y nosotros le suministramos la información a la Fiscalía”, precisó Holguín.

La canciller también anticipó que de acuerdo con las decisiones judiciales, se procederá a solicitar al gobierno de los Estados Unidos la deportación o la extradición de Arias.

Arias asumió el Ministerio de Agricultura el 4 de febrero de 2005, y al año siguiente, en el segundo mandato del reelecto presidente Uribe, fue ratificado en el cargo y uno de sus programas estrella fue el de “Agro Ingreso Seguro” creado para “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”.

Sin embargo, se denunció que con los subsidios no reembolsables previstos en el programa había favorecido a prestantes familias del Magdalena y del Valle del Cauca.

El escándalo estalló cuando se reveló que una de las beneficiadas era la exreina de belleza colombiana, Valerie Domínguez, así como su novio, su cuñada y sus suegros, esto es, la familia Dávila Jimeno, todos los cuales recibieron subsidios por 2 mil 200 millones de pesos por conceptos de “riego y drenaje”.

Posteriormente se conoció que las tierras pertenecían a Juan Manuel Dávila Jimeno, suegro de la exreina, quien fraccionó sus fincas para arrendárselas a su propia familia y así recibir más subsidios de los permitidos por la ley ($400.000.000 por cada beneficiario).

Entre las otras prestantes familias beneficiadas por los subsidios, aparecieron Vives Lacoture, Lacoture Dangond y Lacoture Pinedo, todas de amplia trayectoria política en el Caribe Colombiano.

En el Valle del Cauca, María Mercedes Sardi de Holguín, prima del exministro del interior Carlos Holguín Sardi recibió más de 200 millones de pesos por el mismo concepto.

Frente a estas denuncias, en el año 2011 la Fiscalía General de la Nación le abrió a Arias una investigación.
En julio del mismo año, la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de un proceso disciplinario por los mismos hechos, encontró culpable a Arias y lo destituyó y lo inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos.
Adicionalmente y en el mismo proceso, el 26 de julio de 2011 se decretó medida de detención en instituto carcelario en contra de Arias, pero el 14 de junio de 2013, Arias recobró la libertad por orden del Tribunal Superior de Bogotá, aunque su investigación permaneció vigente.

A principios del mes de julio, la Corte Suprema de Justicia lo declaró culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros, y este jueves lo determinó la pena de 17 años y 5 meses por esos hechos.

La Corte inhabilitó a Arias por un lapso igual a la pena de prisión impuesta, esto es 209 meses y 8 días.