El jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz, Humberto de La Calle, explicó que la decisión de publicar los acuerdos alcanzados con las Farc, se tomó teniendo en cuenta las especulaciones malintencionadas, y señalamientos que la oposición aprovechan, para manipular a la opinión pública.

De la Calle destacó la importancia de la confidencialidad ya que “es necesaria para poder discutir libremente y avanzar en la construcción de acuerdos. Así ha ocurrido en todos los procesos de paz serios del mundo”.

Sin embargo el jefe negociador aceptó que los opositores han aprovechado el desconocimiento de los acuerdos para generar desinformación mediante toda clase de versiones y rumores.

“Tenemos que reconocer que estos esfuerzos de transparencia no han sido suficientes y han dejado un margen demasiado grande a la especulación, incluso a la especulación malintencionada” indicó de la Calle

Aclaró que en los textos lo que aparece entre paréntesis o con asterisco son puntos en los que aún no se han puesto de acuerdo Gobierno y guerrilla.

Finalmente De la Calle reiteró que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Esta es la declaración oficial de Humberto de la Calle:

como anunciamos en el Comunicado Conjunto No. 44 del día de hoy, las delegaciones del Gobierno nacional y las FARC-EP decidimos presentar a los colombianos el borrador conjunto del Acuerdo Final en su estado actual, que corresponde a la totalidad de los acuerdos alcanzados sobre los puntos 1, 2 y 4 de la Agenda del Acuerdo General de agosto de 2012: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las drogas ilícitas”.

¿Por qué ahora?

Desde el inicio de estas conversaciones y de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo General de 2012 el Gobierno ha insistido en la importancia de preservar la confidencialidad tanto de las discusiones en la Mesa como de los acuerdos. La confidencialidad es necesaria para poder discutir libremente y avanzar en la construcción de acuerdos. Así ha ocurrido en todos los procesos de paz serios del mundo.

Desde ese mismo momento éramos también conscientes de la necesidad de comunicar a los colombianos los avances de la mesa y contribuir a la transparencia del proceso. Con ese propósito hemos informado ciclo tras ciclo en más de 40 comunicados conjuntos los desarrollos del proceso. Y cuando hemos logrado un acuerdo sobre un punto de la Agenda lo hemos dado a conocer mediante informes conjuntos que reflejan de manera fiel lo acordado, como podrán ahora constatar ustedes mismos.

Sin embargo tenemos que reconocer que estos esfuerzos de transparencia no han sido suficientes y han dejado un margen demasiado grande a la especulación, incluso a la especulación malintencionada.

Los opositores del proceso han aprovechado el desconocimiento general que subsiste de los comunicados y de los informes para poner en circulación toda clase de versiones y rumores que pretenden desinformar, que buscan crear desconfianza y que en nada corresponden a los textos de lo acordado.

Además, ha habido filtraciones de los acuerdos que han contribuido a confundir aún más a la opinión.

Ante esa realidad, tomamos la decisión de coger el toro por los cuernos y hacer públicos los acuerdos que hasta ahora hemos alcanzado. Sin renunciar a la necesaria confidencialidad de futuras discusiones y acuerdos en construcción.

Cada ciudadano podrá ahora constar él mismo lo que hemos venido diciendo y formarse su propia opinión. Insistimos en esto: que los colombianos comparen lo que hemos informado con los textos auténticos que hoy entregamos y que comprenden la totalidad de lo pactado. Verán que hemos informado lealmente. Deberán concluir que no hay nada oculto.

Este no ha sido un trabajo fácil. Todo lo contrario: han sido discusiones muy intensas, con frecuencia agotadoras, pero hemos podido llegar a acuerdos a pesar de la distancia ideológica y de las profundas diferencias que hemos tenido y seguiremos teniendo.

Ese trabajo está consignado en las 65 páginas de acuerdos que damos a conocer el día de hoy. Tenemos la convicción profunda de que estos acuerdos representan transformaciones necesarias para sentar las bases de la paz y para asegurar que el conflicto no se repita. Por eso hemos acordado lo que hemos acordado: el fin del conflicto requiere por supuesto que las guerrillas dejen las armas y se reintegren a la vida civil. Esa es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para construir la paz.

La paz y la no repetición del conflicto requieren también de la implementación de las reformas que aquí hemos acordado. Reformas que quiero recordar tendremos que implementar con la participación de todos. Aquí sólo hemos acordado el “qué”; el “cómo” se pondrán en marcha las reformas es algo que tendremos que convertir en realidad entre todos en las regiones de Colombia.

Les pido un poco de paciencia para recordarles el contenido y el alcance de lo que hemos acordado.

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I. El acuerdo sobre el Punto 1 de la Agenda lo denominamos “Hacia un nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”.

Este acuerdo tiene cuatro pilares, que son de enorme importancia para la gente del campo.

1. El primero es el acceso y el uso de la tierra:

• Se acordó un Fondo de tierras de distribución gratuita para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Pero no se trata sólo de entregarle tierra al que no tiene, sino de darle “acceso integral”: que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica y apoyo para la comercialización, entre otros.

• El acceso a la tierra incluye también ofrecer un subsidio integral y crédito especial para la compra de tierra, así como garantizar los derechos de propiedad. Se acordó impulsar un plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad, y la creación de una jurisdicción agraria para asegurar la protección judicial eficaz a los derechos de propiedad de los campesinos y de todos los habitantes del campo. Así impedimos el desplazamiento, resolvemos los conflictos, y sembramos paz.

• Este acuerdo mejorará el uso de la tierra. El Gobierno definirá lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta su vocación y creará los incentivos necesarios para impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real, incluyendo la puesta en marcha de programas de reconversión. También la formación y actualización del catastro y la puesta al día del predial (“el que más tiene, más paga”) creará los incentivos para darle un uso más productivo a la tierra. Se fortalecerá la participación ciudadana en la planificación del ordenamiento del territorio, y se facilitará el diálogo entre gobierno, comunidades rurales y sector privado.

• También acordamos delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas de especial interés ambiental: avanzaremos en un plan de zonificación ambiental que haga compatible el interés de preservación con las alternativas económicas de las comunidades y de desarrollo del país y promueva diferentes planes de desarrollo que contribuyan a la preservación ambiental.

2. El segundo pilar es el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial. Se trata de reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación. Se construirán de manera participativa planes de acción para la transformación regional.

3. Un tercer pilar son planes nacionales que deberán lograr una reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50% y la eliminación de la pobreza extrema, en un término de 10 años. Estos planes buscan poner el campo colombiano en un camino de convergencia con la calidad de vida en las ciudades y garantizar los derechos de sus habitantes, mediante la provisión de bienes y servicios públicos en infraestructura (vías, distritos de riego, electricidad, conectividad), desarrollo social (planes especiales de salud, educación, vivienda y agua potable para el campo,) y estímulos de todo tipo a la productividad de la agricultura familiar (asistencia técnica, promoción del cooperativismo, líneas especiales de crédito, seguros subsidiados de cosecha, asociaciones solidarias para la comercialización, entre otros) y la formalización laboral.

4. El cuarto y último pilar es un sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional, que a juicio de las FARC debería ser de soberanía alimentaria: se fortalecerán los mercados locales y regionales, se harán campañas para un manejo adecuado de alimentos por parte de las familias y se aplicarán programas especiales contra el hambre. Crearemos consejos de seguridad alimentaria y nutricional en todos los niveles territoriales y pondremos en marcha toda una institucionalidad para mejorar la seguridad alimentaria de las comunidades.

II. El acuerdo sobre el Punto 2 de la Agenda lo denominamos: “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” El acuerdo está construido sobre tres pilares:

1. El primero es una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política como mecanismo para consolidar la paz luego de la terminación del conflicto.

Se trata de facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos. Se acordó hacer los cambios necesarios para que el reconocimiento y conservación de la personería jurídica no dependan de la obtención del umbral exigido para las elecciones de Congreso, facilitando así de manera transitoria apoyos por parte del Estado para las nuevas fuerzas que aparezcan.

Acordamos la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas regiones podrán elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales. (El número de regiones, curules y periodos electorales aún no se han acordado).

La apertura requerirá de mayor participación electoral. Para ello se acordaron unas medidas especiales para promover el voto. Esto también exige el fortalecimiento de la transparencia: se acordaron medidas para fortalecer la transparencia del sistema electoral, así como la revisión integral de la organización electoral para dar esas garantías. Para esto último se acordó la conformación de una misión de expertos de alto nivel, que presentará sus recomendaciones al Gobierno para que este haga los ajustes normativos e institucionales necesarios.

Por último, se acordó poner en marcha medidas para la participación de la mujer y promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político. El fin del conflicto implica que los antiguos enemigos dejen de tratarse como tales y se traten como adversarios políticos.

2. El segundo pilar es una mayor participación ciudadana para consolidar la paz, en el espíritu de la Constitución del 91.

Para ello se acordaron toda una serie de medidas: el desarrollo de una Ley de Garantías para las organizaciones y movimientos sociales; medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatización y reconciliación; garantías para la protesta social, tanto para quienes se manifiesten como para los demás ciudadanos; promoción de espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios, para dar a conocer las actividades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil; revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes de desarrollo, en particular del funcionamiento de los Consejos Territoriales de Planeación; fortalecimiento de la participación en la construcción de políticas públicas y fortalecimiento del control ciudadano a la gestión pública mediante la promoción de veedurías y observatorios de transparencia en todas las regiones.

3. El tercer pilar -y la idea fundamental del fin del conflicto- es asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas: que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Y que quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de la violencia.

Todos quienes ejercen la política deben tener la seguridad que no serán víctimas de las armas. Para ello se acordó que el Gobierno establecerá un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política en un marco de garantías de los derechos y libertades. Un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Y convinimos un mecanismo legítimo con participación de las organizaciones políticas nacionales, para que en ese espacio se le dé vida al Estatuto para la Oposición.

III. El acuerdo sobre el Punto 4 de la Agenda lo denominamos: “Solución al problema de las drogas ilícitas”.

Éste acuerdo tiene cuatro componentes básicos:

1. La sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos: Por primera vez en Colombia se pondrá en marcha un Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo de alcance nacional con un enfoque de desarrollo rural y construido sobre la base de la participación de las comunidades. El Programa busca no sólo resolver definitivamente el problema de los cultivos ilícitos, sino transformar esos territorios en beneficio de todos sus habitantes, en una lógica de integración territorial e inclusión social.

Se pondrán en marcha procesos de planeación participativa para que las mismas comunidades, de la mano de las autoridades, construyan una visión conjunta de sus territorios, identifiquen sus necesidades y propongan proyectos y soluciones que quedarán plasmados en planes comunitarios y municipales de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo. Se trata de forjar una nueva alianza entre las comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y municipales para construir soluciones conjuntas a los problemas de las comunidades.

También se pondrán en marcha planes de asistencia inmediata para los cultivadores. En los casos donde algunos cultivadores incumplan sus compromisos o no quieran participar en el Programa, el Gobierno erradicará los cultivos de forma manual. Y que en los casos excepcionales donde ni siquiera sea posible la erradicación manual porque las circunstancias no lo permiten -cosa que esperamos que no ocurra en un escenario de fin del conflicto-, el Gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión.

Para lograr eficacia y éxito de este programa se acordó un Programa de desminado de las áreas del territorio nacional, al que las FARC también contribuirán con la provisión de información, entre otros.

2. La prevención y tratamiento del consumo. En el acuerdo se reconoce que el tema del consumo de drogas ilícitas es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario. Se acordó crear por una parte un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas que articule a las autoridades para prevenir y abordar el problema del consumo y manejar las variables en él involucradas, política que debe ser participativa; y por otra, un “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social”.

3. La lucha contra el narcotráfico. Se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones. El Gobierno se comprometió a “intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto (…) y en general de desarticular las redes de estas organizaciones”. Con ese fin se pondrá en marcha una estrategia de política criminal y una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos en todos los sectores de la economía, así como contra el tráfico de insumos.

El Gobierno promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia.

4. Por último una serie de compromisos. El Gobierno se comprometió a “poner en marcha las políticas y programas de este punto”; y las FARC-EP se comprometieron a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y …de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Ambos manifestaron “su firme compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” y se comprometieron “a contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos”.

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Todo esto es lo que hemos acordado hasta el momento. En algunos puntos muy precisos aún tenemos diferencias que están señaladas por paréntesis y asteriscos en el texto. Esos puntos están pendientes de resolver. Como ustedes saben las FARC han expresado una serie de salvedades con las que el Gobierno no está de acuerdo, la mayoría de las veces porque considera que no corresponden a la Agenda del Acuerdo General.

Por último como dijimos en el comunicado conjunto, tenemos que recordar que los acuerdos se rigen por el principio de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, establecido en el punto 10 de las Reglas de funcionamiento, del Acuerdo General. Eso quiere decir que hasta que no haya acuerdo sobre todos los puntos en su conjunto, no hay un acuerdo definitivo sobre ninguno de ellos.

En todo caso lo que hemos logrado hasta ahora no es poco: son 65 páginas de acuerdos que sientan las bases para que este conflicto de 50 años no se repita, para que se fortalezca el Estado Social de Derecho en todo el territorio y para que las futuras generaciones de colombianos tengan una vida mejor.