El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre calificó este viernes como “revanchista” y una “cuenta de cobro”, la creación del Tribunal de Aforados que se aprobó en primer debate en el Congreso de la República dentro de la reforma de “Equilibrio de Poderes”.

Según el fiscal, la citada enmienda “pone de rodillas” a la Rama Judicial frente al poder legislativo.

Montealegre señaló que la reforma es en realidad un “desequilibrio de poderes” y una revancha también contra el Consejo de Estado por los procesos de pérdida de investidura contra los congresistas.

Montealegre fue más allá y comparó la reforma con la toma del Palacio de Justicia, asegurando que se trata de una ‘segunda toma’ y de «un golpe de estado del poder político a la Justicia».

“Un asalto que pretende hacer la clase política colombiana contra la autonomía de la Rama Judicial”, aseguró.

El fiscal calificó la Reforma al Estado como un ‘teatro de lo absurdo’ pues, según dijo, no tiene sentido que quienes aplaudieron las decisiones de las cortes sobre el paramilitarismo, ahora resultan aliados con aquellos que quieren debilitar a la Corte.

“Porque si hace 30 años se produjo en forma violenta la toma del Palacio de Justicia en medio de un conflicto armado, al acercarnos a esos 30 años podemos decir que estamos a una segunda toma de la justicia en Colombia; ya no por la guerrilla y la Fuerza Pública, estamos frente a un verdadero asalto que pretende dar la clase política colombiana contra la autonomía de la justicia en el país”, afirmó el Fiscal General.

Dijo que se trata de una reforma revanchista contra la Corte Suprema de Justicia por las decisiones que se han tomado en la parapolítica, al igual que contra el Consejo de Estado, por las decisiones que valerosamente ha tomado en los temas de pérdida de investidura.

“Al proyectarse esta reforma en el Congreso debilita la garantía institucional de la autonomía de la justicia con el famoso Tribunal de Aforados Constitucionales y sucede como en el cuento de Julio Cortazar de 1946, La Casa Tomada en la que fuerzas invisibles se fueron apoderando de ella, hasta despojarlos”, explicó.

Señaló que con esto lo que se aproxima es un cerco contra la administración de justicia por parte de algunos sectores del Congreso de la República, aduciendo que el Tribunal de Aforados Constitucionales no es otra cosa que una cuenta de cobro contra las altas Cortes por haber impartido justicia y haber iniciado uno de los mayores procesos contra la corrupción que se ha dado en Colombia y el mundo, similar a la justicia italiana en el proceso de Manos Limpias.

“Hay una propuesta de ciertos sectores del Congreso de la forma de elección del Tribunal de Aforados que es elegido solo por el Congreso de la República pretendiendo doblegar la voluntad de la rama jurisdiccional para ponerla al servicio de los intereses políticos de algunos sectores del Congreso que no les gusta las decisiones de la justicia colombiana”, puntualizó.

Finalmente hizo un llamado a jueces y fiscales para que «críticamente nos opongamos a esta segunda toma que se está proyectando a la justicia en el Congreso de la República».

La Comisión Primera del Senado avaló la creación de ese tibunal en reemplazo de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Según lo estipulado en la norma acogida por los parlamentarios, el Tribunal de Aforados tiene el objetivo de “juzgar a los magistrados de las altas cortes y de los organismos de control del Estado”.

Esto, es procesará a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, al Procurador General de la Nación, al Contralor General de la República y al Fiscal General de la Nación, cuando incurran en irregularidades o excesos, aunque sean cesado en el ejercicio de sus cargos.

El nuevo órgano estará conformado por 9 miembros de las más altas calidades, tras la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.