Uno de los artículos más polémicos de la reforma al Estado, es la que propone el voto obligatorio para todos los procesos electorales en el país, pues mientras unos aseguran que aumentaría la participación democrática, otros dicen que dispararía la corrupción en las urnas.

Alexander López, senador del Polo Democrático, explica que el voto obligatorio no soluciona los problemas de corrupción, pues asegura que los colombianos no votan porque no creen en el sistema electoral del país.

En relación con otros artículos aprobados, critican la aprobación del 3% y no el 2% en el umbral electoral de los partidos políticos.

“Con la aprobación de los artículos del Proyecto de equilibrio de poderes del gobierno Santos, se está eliminando a las minorías como ya ocurrió con el Mira, que solo tiene presencia en la Cámara de Representantes pero no logró llegar al Senado”, alegó López.

Asimismo, el senador Jorge Enrique Robledo manifestó que “el voto obligatorio debe tener de fiestas a los corruptos, porque la mayor oferta de votos bajará el precio de los votos”.

A esta posición se suma el movimiento Mira, quien le solicitó al Gobierno Nacional que, en caso de aprobarse el artículo, se establezca un periodo de transición en la implementación del voto obligatorio en Colombia y también garantías en el umbral de los partidos minoritarios para que puedan obtener curules.

“El Gobierno puede implementar el voto obligatorio, pero debe brindarle a los partidos minoritarios un umbral especial que les permita mantenerse en la arena política. Si no es así, en algo que no tiene sentido, algunos obtendrían la personería pero no lograrían curules”, advirtió el presidente de Mira, Carlos Alberto Baena.

Con el mismo propósito, incluso proponen no tener en cuenta los votos en blanco para efectos del umbral, ya que estiman que con lo acordado en La Habana, hasta el momento, más la implementación del voto obligatorio, en las elecciones de 2018 los partidos minoritarios tendrían que obtener cerca de 900 mil votos para alcanzar curules.

Por el contrario, el Movimiento Ciudadano Blanco consideró que si bien el voto está consagrado como un derecho fundamental en la Constitución Nacional, es también un deber de los ciudadanos ejercer ese derecho.

En ese sentido iniciarán una campaña a nivel nacional a favor de la iniciativa para que quienes estén inconformes con el sistema político y electoral en el país, respalden la reforma y voten de manera crítica y responsable.

La polémica propuesta fue presentada por los senadores Roy Barreras y Horacio Serpa, quienes señalaron que “se trata de que más de 8 millones de colombianos abstencionistas nos ayuden a mejorar la democracia y a limpiar las costumbres electorales. Tenemos la garantía de que los ciudadanos que no votan por distintas razones, no venden su voto y por tanto éste será libre, independiente y que legitime aún más las instituciones colombianas”.

Por su parte, la Alianza Verde celebró la aprobación de la iniciativa de esa bancada, de impulsar la lista cerrada intercalada (mujer-hombre) para elevar a 50% la participación política de las mujeres.

La Senadora Claudia López reconoció que este logro histórico fue una propuesta impulsada desde la campaña por congresistas como Viviane Morales y Sofía Gaviria (Partido Liberal); y Ángela Robledo y Angélica Lozano (Alianza Verde).

Aun así la congresista criticó la participación de los jóvenes en el Senado, aseguró que en el Congreso actual con voto preferente no hay jóvenes, por lo que tendrán que analizarse las reglas internas y liderazgos en los partidos.

Así las cosas, no faltaron críticas de otros sectores de la oposición, que consideraron contradictorio que el Gobierno llame ‘equilibrio de poderes’ a una reforma que concentraría aún más el poder en la Presidencia.

Esto luego de que en la misma discusión, por 13 votos contra 4, se eliminara la posibilidad de que el Procurador General de la Nación pueda ser elegido para un segundo periodo, ya que éste será elegido por el Senado, de una terna entregada por el Presidente de la República y su período será máximo de cuatro años.