Ante la Secretaría General de Senado, el senador del Centro Democrático, Iván Duque Márquez, radicó un proyecto de ley que busca poner freno a los gastos excesivos en publicidad estatal y que regula la materia de tal forma que ésta sea usada de forma adecuada y en pro del gasto eficiente de los recursos públicos.

La iniciativa prevé que la publicidad estatal tenga como fin informar a la población sobre temas relacionados con el acceso a bienes y servicios provistos por el Estado, y advertir sobre situaciones de urgencia, interés general o inmediatez. Es decir, que tenga un uso pedagógico. Además, restringe el uso de esta publicidad para fines de autopromoción, anuncios de autogestión, o aquella que muestre resultados o hechos cumplidos.

El adecuado control y vigilancia de las autoridades sobre los tipos de contratos, los contratistas y el cumplimiento de éstos son otras de las características del proyecto, teniendo en cuenta que según reportes de la Contraloría General el Estado se ha gastado 2,3 billones de pesos entre publicidad y eventos en el periódo comprendido entre enero de 2012 y enero de 2014.

Según el ente de control el 80 por ciento de esos gastos se ha adelantado bajo la modalidad de contratación directa; y sólo, aproximadamente, un 10 por ciento de la publicidad estatal ha sido pedagógica; la Contraloría también advirtió sobre algunas fallas institucionales como la debilidad en la información sobre contratos y contratistas, falta de precisión, entre otras.

El proyecto prohibe la contratación directa en publicidad, salvo situaciones sobrevinientes de fuerza mayor. Adicionalmente le da herramientas a las instituciones para que hagan seguimiento a sus políticas de publicidad, por ejemplo, exigiendo la creación de un comité de publicidad que planee con indicadores de impacto y evaluación las estrategias planteadas; que hagan un reporte trimestral de los gastos en publicidad y eventos; y que ninguno de los funcionarios aparezca en la publicidad oficial.

En el tema electoral, la publicidad estatal será prohibida seis meses antes de las elecciones, salvo para la pedagogía electoral, que será reglamentada por la Organización electoral, y aquella que se relacione con urgencias o información inminente de interés social, económico o ecológico.

Este proyecto de ley pondría a tono a Colombia con las recomendaciones del Sistema Interamericano a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en materia de publicidad oficial, donde dicen que se requiere legislación especial, objetivos claros para la publicidad estatal, mecanismos de verificación, control externo, entre otros. Y le permitiría al país seguir el ejemplo de países que ya legislaron sobre el tema como Perú, España y Canadá.