–La guerrilla de las Farc expresó su disposición a pedir perdón por las atrocidades cometidas durante más de 60 años de actividad armada, a tiempo que advirtieron que “la concesión del perdón sólo puede ser concedida por las víctimas del conflicto y también por la sociedad en su conjunto”.

Para ello demandataron “la creación de escenarios públicos del perdón social y político a nivel nacional, regional y territorial, orientados por principios democráticos en las políticas del perdón” y también “la creación de ceremonias culturales y museos del perdón que eviten la auto-victimización estratégica”.

En un documento en el cual “desglosan” sus propuestas 8, 9 y 10 “de las diez mínimas orientadas a garantizar los derechos integrales de las víctimas para la paz y la reconciliación nacional”, los negociadores del grupo guerrillero en La Habana señalan que “el perdón es una condición ineludible para el nacimiento de una nueva Colombia, es otra relación con el pasado irreversible para posibilitar un nuevo comienzo”.

Al efecto, hacen las siguientes precisiones.

“El esclarecimiento de la verdad histórica del conflicto y sus víctimas, debe conllevar a la creación de escenarios colectivos y políticas nacionales, regionales, territoriales, para el perdón social y político. El perdón contiene esa fuerza invaluable de liberar el presente y el futuro de la carga que imponen los actos del pasado.

“El perdón rompe las lógicas de la venganza, el resentimiento y el castigo, otorgando la oportunidad para la superación de la violencia. Perdonar es dar en abundancia, dar de más, donar para un fin superior, introducir la lógica de la sobreabundancia entre los seres humanos.

“Consideramos que el perdón político y social posibilita la inauguración de un nuevo tiempo histórico que posibilite la reconciliación nacional. El perdón es una condición ineludible para el nacimiento de una nueva Colombia, es otra relación con el pasado irreversible para posibilitar un nuevo comienzo”.

Luego precisan:

“Proponemos la creación de escenarios públicos del perdón social y político a nivel nacional, regional y territorial, que se orienten por algunos principios para su conversión democrática en políticas del perdón: la concesión del perdón sólo puede ser concedida por las víctimas del conflicto y también por la sociedad en su conjunto; la creación de ceremonias culturales y museos del perdón que eviten la auto-victimización estratégica; la necesidad de construir una justicia social y política más allá del derecho; el aporte al nacimiento de una cultura política que privilegie la solidaridad y la cooperación para evitar la lógica de los vencedores; la reconciliación nacional concebida como un proceso de profundización de la democracia; el desentrañamiento y la transformación de las complicidades y continuidades de la violencia sistémica, entre otras”.

De otro lado insisten en demandar “una reforma institucional de las Fuerzas Militares y de policía y de los organismos de inteligencia y el desmonte del paramilitarismo de Estado, es decir, una depuración en esta institución”.

Sobre el particular indican que “se emprenderá un proceso de desmilitarización de la sociedad y del Estado y una reforma institucional de las Fuerzas Militares y de Policía y de los organismos de inteligencia centrada en el respeto por los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional. Estas instituciones, junto con todos los poderes públicos, se depurarán de miembros y estructuras comprometidos como procesos y hechos de victimización. Se garantizará el desmonte efectivo del poder y las estructuras paramilitares en todas sus formas y modalidades”.

Además, exigen “la proscripción de las doctrinas anticomunistas, contrainsurgentes y de seguridad nacional, así como toda forma de intervencionismo, asesoría o “ayuda” militar foránea””, hechos que, afirman, “son transformaciones esenciales para garantizar la no repetición de hechos que victimicen a la población”.

Igualmente dicen que se debe realizar “una reforma a la justicia que supere toda expresión del ejercicio del “derecho penal del enemigo”” y “la conformación de una Comisión constitucional permanente de garantía, protección y promoción de los derechos humanos y de prevención de sus graves violaciones”, para lo cual, se comprometen, en lo que les corresponda, a “proveer las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de dirigentes políticos, sociales y populares”.

De otro lado hablan de “mecanismos e instrumentos de justicia para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto” y subrayan que “su fundamento normativo se encuentra en las disposiciones del derecho internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión de un conflicto interno”.

Subrayan que”en atención a nuestra condición de organización político-militar, la justicia aplicable a las Farc tendrá como presupuesto principal el reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión, incluidas las conexidades, con todo lo que ello implica. En todo caso, se considerarán instancias, mecanismos e instrumentos alternativos de justicia a establecer por las partes. El acuerdo político no se comprenderá en términos de un pacto de impunidad.