Establecer responsabilidades puntuales y ajustar las medidas de control para evitar nuevas tragedias en las excursiones al Amazonas y a otras regiones del país, solicitó la Defensoría del Pueblo, al lamentar el accidente ocurrido este jueves en medio de una salida pedagógica del colegio English School.

A pesar de la intervención de instituciones como la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otras, para realizar las labores de rescate, acompañar a los estudiantes y facilitar su regreso a la ciudad de Bogotá, la Defensoría expresó su desconcierto por la falta de claridad e información que según los propios padres de familia hubo alrededor del viaje, y por la manera como de acuerdo con las primeras versiones embarcaron a los adolescentes en horarios claramente prohibidos para la navegación.

Bajo este presupuesto, la Defensoría Regional Amazonas solicitó a las autoridades competentes realizar una investigación integral sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el antes, durante y después del siniestro, y al mismo tiempo reforzar los controles en materia de puertos y vigilancia fluvial. En este orden de ideas, considera la Entidad que resulta indispensable hacer una revisión exhaustiva de los permisos a los lancheros y de la manera como se cumplen los itinerarios en este tipo de excursiones.

Paralelamente, y ante versiones sobre la supuesta colisión con una lancha, al parecer sin luz y procedente de un país limítrofe, la Defensoría estima necesario fortalecer las labores de coordinación a fin de procurar garantías en materia de seguridad y navegabilidad a uno y otro lado del río Amazonas.

De la misma manera, y para evitar que episodios tristes como el que registra hoy el país vuelvan a repetirse, es menester que los ministerios concernidos en relación con las excursiones escolares, en conjunto con las autoridades nacionales y territoriales revisen el funcionamiento de estos planes, los requisitos para las empresas operadoras, las condiciones de alimentación, transporte y alojamiento para los niños, así como los mecanismos de auditoría a los contratos suscritos por las instituciones educativas.