El 72% de los ciudadanos no denuncian los delitos de los que son víctimas porque consideran que este es un trámite dispendioso y complicado.

Para cambiar esta percepción, el Ministerio de Justicia presentó un conjunto de proyectos con los que se busca acercar la justicia a los ciudadanos de a pie: reformular el Programa Nacional de Casas de Justicia, impulsar la descentralización de las Unidades de Reacción Inmediata y establecer mecanismos para formar abogados y jueces idóneos.

En cuanto al nuevo modelo de operación de las Casas de Justicia, el proyecto busca integrar a estos espacios jueces de pequeñas causas, médicos que apoyen las funciones de medicina legal y articulación con la policía de vigilancia. Además, se procurará una mejor articulación de estos servicios con la oferta de instituciones cercanas a las Casas como juzgados, fiscalías, comisarías de familias y conciliadores.

Este nuevo enfoque mejorará la oferta institucional en cada barrio y municipio con base en diagnósticos de necesidades relacionadas con la conflictividad de cada sitio en particular. Para ello se adelantan dos proyectos piloto en las Casas de Justicia de los municipios de Chaparral (Tolima) y El Bagre (Antioquia).

“Tenemos que garantizar que todos los colombianos tengan una buena interacción con los administradores de justicia mediante mecanismos que hagan sencillo y fácil sus trámites que los lleven, rápidamente, a resolver sus problemas por pequeños que parezcan. La justicia no puede ser un servicio ausente cuando es justamente el cimiento sobre el que se erige la paz”, señaló el Ministro Yesid Reyes Alvarado.

De otra parte, el jefe de la cartera de Justicia anunció que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se descentralizarán las Unidades de Reacción Inmediata (URIs Zonales), que permitan dar una respuesta inmediata del Estado cuando ocurre un delito y estimular las denuncias de los ciudadanos de manera rápida y oportuna al contar para tal fin con sitios próximos a su lugar de residencia.

En cuanto a la formación de los abogados, durante los últimos años se han incrementado las facultades de derecho y el número de profesionales inscritos asciende a 244.907. Esta proliferación de la oferta no siempre ha estado atada a criterios de calidad. Por ello, y con el ánimo de hacer de la justicia una institución más respetable y mejorar la calidad de los servicios, el Ministro anunció la implementación de un examen de Estado para el ejercicio de la profesión del abogado, proyecto que se desarrollará con el respaldo del Ministerio de Educación y que elevará los estándares en la formación de estos profesionales.

También se propone implementar un programa de formación en oralidad con el que se genere un cambio educativo y la conciencia, entre actores procesales en Colombia, de la necesidad de que los jueces actúen como administradores y directores de procesos de gestión eficientes que permitan acercar la justicia a la ciudadanía. Para este fin se impulsará un proyecto piloto de formación de todos los actores que participan de un mismo entorno judicial.

“Cualquier colombiano, por pobre que sea, merece recibir un servicio de justicia oportuno y de calidad”, concluyó el Ministro Reyes Alvarado.