La Defensoría del Pueblo rechazó el nuevo ataque con explosivos contra el oleoducto Transandino, a la entrada del municipio de Valle de Guamuez, en el departamento de Putumayo, donde siete viviendas resultaron afectadas por el estallido.

El atentado, ocurrido a escasos 500 metros de una estación de gasolina, y justo al lado de una zona habitada, dejó sin hogar a los 12 integrantes de dos familias cuyo lugar de habitación fue arrasado por el acto terrorista.

La Defensoría Regional adelanta gestiones ante la Alcaldía y la Secretaría de Gobierno municipal para que se adopte un plan de contingencia que permita atender a los damnificados, y presentarles una oferta institucional que garantice el restablecimiento de sus derechos, comenzando por un albergue provisional mientras se proveen las soluciones definitivas en materia de vivienda.

Para la Defensoría resultan preocupantes las consecuencias de los persistentes ataques contra la infraestructura petrolera, acciones que en los últimos meses han ocasionado el derrame de al menos 300 mil galones de combustible, sin contar con el daño ambiental y el impacto para la manutención de las comunidades aledañas a través de situaciones como la contaminación de las fuentes de agua.

Lo anterior se suma al grave deterioro de la infraestructura, como sucedió hace mes y medio cuando se quemó un puente sobre el río Putumayo por cuenta de los ataques, cuya frecuencia promedio es de uno a la semana.

Según información recopilada por la Defensoría Regional, el bombeo en el oleoducto averiado ayer fue suspendido, mientras las autoridades consolidan las medidas de seguridad necesarias para la reparación de la tubería.

La Defensoría del Pueblo dispuso el envío en los próximos días de una comisión del nivel central, a fin de evaluar la problemática, dialogar con las comunidades y las autoridades locales, además de emitir las recomendaciones pertinentes de cara a la protección de los derechos humanos.