–En rueda de prensa con la bancada de Centro Democrático en el Congreso, el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez presentó “52 capitulaciones” que ha hecho ante las Farc el presidente Juan Manuel Santos en desarrollo del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba. Estas van desde la expropiación de tierras, la entrega al terrorismo de las zonas de reserva campesina hasta la entrega de poder territorial político y concesiones inconcebibles en materia política.

En el documento reseña, entre otras cosas, que no se les exige la “dejación de armas” y ni su su entrega a la firma de los acuerdos, ni tampoco ninguna condena a “la combinación de todas las formas de lucha”, estrategia que–subraya– han practicado los terroristas durante décadas y que ha producido centenares de miles de víctimas en el país.

“Si no hay ejecución de los compromisos gubernamentales las FARC no dejarán las armas, lo que coloca a este grupo criminal en el mejor escenario pues se les otorga poder territorial (ZRC y otras áreas), político (segundo punto del acuerdo) y militar (no dejación de armas hasta que se cumplan los compromisos)”, advierte el escrito, que agrega:

“El origen del terrorismo no es un conflicto por la propiedad de la tierra y el latifundio”, sino “un proyecto de toma armada del poder combinando todas las formas de lucha, la electoral y la violencia armada, que se aprovecha de la pobreza en el campo, aunque los campesinos nunca ha reconocido a las Farc como sus voceros. El acuerdo, sin embargo, parece validar el discurso justificatorio del terrorismo”.

En otro punto, señala que la reforma al sistema electoral debe ser obra de los partidos democráticos y no es aceptable esperar a la firma de un acuerdo con los terroristas para hacer “los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios”.

Subraya que el gobierno guarda en secreto cuántas Circunscripciones Especiales de Paz le está ofreciendo a los terroristas, en cuáles sitios del país, con cuántos representantes a la Cámara, y durante cuántos períodos electorales.

Por otra parte, advierte que las Farc no se reconocen como narcotraficantes, en el acuerdo no asumen ninguna responsabilidad en el desmonte de este negocio ilícito
no se comprometen a destruir sus cultivos de coca ni sus laboratorios de fabricación de cocaína; tampoco se obligan a entregar la rutas de salida de la droga, ni a entregar sus bienes y recursos derivados del narcotráfico.

Como las FARC no se comprometen a entregar sus bienes derivados del narcotráfico, el cumplimiento de este acuerdo será la más grande operación de lavado de activos de la historia colombian, puntualiza.

El texxtdo de “las 52 capitulaciones de Santos en La Habana”, son las siguientes:

I. REFORMA RURAL INTEGRAL

Tierra y Propiedad

1. La principal premisa del acuerdo es lograr una transformación estructural del campo a partir de una Reforma Rural Integral (RRI) que desconcentre la propiedad y la colectivice. Parte del presupuesto de que la tierra es ilimitada para entregarle a cada campesino una parcela, pero como no lo es entonces crean unos instrumentos de extinción y expropiación altamente perversos.

2. Se aplicará extinción administrativa de dominio, -es decir, sin indemnización- a los propietarios legítimos de las tierras que supuestamente no cumplan la función social y ecológica de la propiedad. Esto abre la puerta a la arbitrariedad, crea incertidumbre entre los inversionistas y, en consecuencia, retardará el desarrollo rural.

3. Existen dos formas de extinguir el dominio: una judicial para el narcotráfico y la otra administrativa para quienes incumplan la función social o ecológica de la propiedad. Para el delincuente será un juicio con juez, garantías y segunda instancia. Para el propietario legítimo, un funcionario administrativo sin apelación. Inquisición sin segunda instancia.

4. Se expropiarán tierras por motivos de interés social o de utilidad pública. Es una advertencia general de que ninguna propiedad legal tiene seguridad ni garantía jurídica de permanencia.

5. El acuerdo es ambivalente y demagógico. El Gobierno tiene un discurso sobre la garantía del derecho a la propiedad privada legítima; para las FARC el camino es una reforma agraria expropiatoria, con extinción administrativa de dominio y expropiaciones.

6. El origen del terrorismo no es un conflicto por la propiedad de la tierra y el latifundio. Es un proyecto de toma armada del poder combinando todas las formas de lucha, la electoral y la violencia armada, que se aprovecha de la pobreza en el campo, aunque los campesinos nunca ha reconocido a las FARC como sus voceros. El acuerdo, sin embargo, parece validar el discurso justificatorio del terrorismo.

7. Estamos de acuerdo con que el Estado debe seguir haciendo esfuerzos por darle tierra al campesino que la demanda. Sin embargo no creemos que la forma sea a través de la extinción administrativa de dominio de las tierras a sus legítimos dueños, sino mediante la titulación de baldíos y la extinción de dominio de tierras de narcotraficantes y demás grupos criminales.

8. No se conocen cuáles serán las “zonas priorizadas” para realizar en ellas las mencionadas extinciones de dominio y las expropiaciones. Sin embargo, la incertidumbre jurídica abarca todo el territorio nacional, pues la “Reforma Rural Integral es de aplicación universal”.

9. Los beneficiarios de extinciones de dominio y de expropiaciones de tierras serán no solo campesinos, sino “trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”. Esta definición abstracta de la población objetivo hace ilimitado el alcance de las medidas contra la propiedad rural legal.

10. El Estado cede demagógicamente ante las FARC para empoderar a organizaciones comunitarias infiltradas y amedrentadas por el terrorismo. Pero, ¿hasta dónde esas organizaciones manipuladas tomarán decisiones que impulsen el desarrollo? ¿Hasta dónde es conveniente que sean esas organizaciones las que definan el uso del suelo?

11. Todos los beneficiarios de la repartición de tierras serán también beneficiarios de los programas de vivienda, educación, crédito, adecuación de tierras, proyectos productivos, etc., de los Programas de Desarrollo Agrario Integral. Sin definición del alcance de las tierras afectadas y de la población usuaria, los compromisos serán incumplibles.

12. Las tierras adjudicadas serán inembargables e inalienables durante 7 años. Esto, junto con la inseguridad jurídica por las extinciones de dominio y las expropiaciones a propietarios lícitos, congelarán el mercado de tierras en el país.

13. Una instancia indefinida señalará el uso de la tierra. Primer paso hacia la planificación central y la eliminación del libre mercado en la agricultura.

14. En contravía del desarrollo moderno de la agricultura que exige grandes inversiones en extensas plantaciones, el acuerdo busca desconcentrar y repartir la propiedad, condenando al campo al atraso y a la improductividad.

Financiamiento de los Acuerdos

15. ¿Cómo se financiarán esos 10 planes si hoy el Gobierno anda enredado con 12,5 billones del presupuesto de 2015? Los 10 planes nacionales para atender la integralidad de la RRI (Vías terciarias, Riego y Drenaje, Conectividad Rural, Salud Rural, Educación Rural, Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural, Asistencia Técnica, Tecnología y de impulso a la investigación, Apoyo y Consolidación de la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, Comercialización economía campesina, Progresivo de Protección Social y Derechos de los Trabajadores) y un Sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y nutricional para la población rural. Seguramente vendrán más reformas tributarias que ponen en riesgo la generación futura de riqueza.

16. La sola reducción de la pobreza rural, como se propone en el punto 3 de la RRI puede costar más de 68 billones de pesos, si sólo se le diera como subsidio la suma de 136.192 pesos mensuales a cada persona pobre del campo por el plazo de 10 años que estipula el acuerdo.

17. ¿De cuantas hectáreas será el Fondo de Tierras? ¿Cómo lo financiará? Aunque no se ha definido la cantidad de hectáreas de ese Fondo ni los años para cumplir la meta, es evidente que el esfuerzo fiscal será importante. Supongamos que sea un millón de hectáreas año a través de la figura de expropiación. Eso implica en promedio 5 billones por año, una suma igual al impuesto a la riqueza que hoy tramita el gobierno en la reforma tributaria.

18. Todo lo anterior necesariamente tendrá que crear una nueva institucionalidad (Idema, caminos vecinales, Emcoper, Himat, etc.). y por supuesto una institucionalidad que gire más en torno a una economía planificada que a una economía de mercado, según lo que muestran los acuerdos.

19. La mayoría de los planes y programas que se plantean en el acuerdo, solo están dirigidos a la economía campesina, familiar y comunitaria. No se contempla un desarrollo agropecuario integral con grandes inversiones. Terminará siendo un acuerdo que no incluye a los medianos y grandes productores. Las garantías deben ser para todos los productores.

Zonas de Reserva Campesina

20. El Gobierno le entrega al terrorismo la definición de las áreas de las Zonas de Reserva Campesina, que se convertirán en sus zonas de retaguardia estratégica.

21. Las ZRC son la gran apuesta de las FARC con un estatuto que les permita tener autonomía en su manejo y constituirlas como tierras No embargables. Las ZRC son exclusivamente para control territorial, pues no han mostrado un mayor avance para los campesinos que las habitan.

22. Las FARC buscan convertís las ZRC en corredores geoestratégicos para la movilización militar, de tráfico de armas, drogas, contrabando, además del adoctrinamiento de las comunidades que hagan parte de ellas.

23. Es evidente que se tendrá una minifundización de la economía rural en las ZRC. Seguramente a la banca no le interesará prestar un peso a proyectos en las ZRC que se anotan como inembargables. Sin incremento de la competitividad del sector campesino nos llenaremos de importaciones.

Dejación de Armas

24. Las FARC han insistido en que nunca entregarán las armas, pero aceptan que las “dejarán” de usar solo cuando el Gobierno haya cumplido todos sus compromisos: los 10 Planes Nacionales Rurales incluidos en el acuerdo podrían durar más de 20 años en ejecutarse. La paz armada de las FARC es inadmisible.

25. Si no hay ejecución de los compromisos gubernamentales las FARC no dejarán las armas, lo que coloca a este grupo criminal en el mejor escenario pues se les otorga poder territorial (ZRC y otras áreas), político (segundo punto del acuerdo) y militar (no dejación de armas hasta que se cumplan los compromisos).

FALTA DE COMPROMISOS DE LAS FARC

26. En ninguna parte aparece el compromiso de las FARC de entregar cerca de un millón de hectáreas que ha expropiado a los campesinos.

27. No existe un compromiso de las FARC de reparar económicamente los daños que durante décadas le ocasionó a decenas de miles de familias campesinas por desplazarlas de sus tierras, extorsionarlas y secuestrarlas.

II. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

28. Colombia es una democracia, amplia, pluralista y participativa. Sin embargo, el acuerdo parte de la base de que en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista, y no hay garantías para la participación y la inclusión política. Concesión inadmisible al terrorismo.

29. El Gobierno sigue haciendo concesiones al terrorismo al aceptar en los acuerdos el término “dejación de armas” y no exigir su entrega a la firma de los acuerdos.

30. En Colombia existen condiciones suficientes para la conformación de nuevos partidos y movimientos políticos. Los terroristas desmovilizados que no sean condenados por crímenes atroces, deben someterse a las condiciones de la democracia.

31. Los terroristas que han asesinado, secuestrado, desterrado y amenazado a decenas de miles de activistas de los partidos políticos de la democracia, piden “respeto por el opositor político”. Cinismo sin límites.

32. Una revisión integral del régimen electoral debe hacerse con los partidos de la democracia y no con terroristas armados que asesinan y secuestran colombianos.

33. El estatuto de la oposición está en mora de ser acordado por los partidos democráticos en Colombia, y no se debe esperar hasta la firma del acuerdo de paz con el terrorismo, como lo establece el acuerdo.

34. El terrorismo pide “prevenir la violencia contra quienes ejercen la política” al mismo tiempo que asesina, destierra y amenaza a quienes denuncian su barbarie. El Gobierno debe exigir el cese de la violencia para seguir dialogando.

35. Con el pretexto de aumentar la participación comunitaria en las decisiones gubernamentales, se hacen universales las consultas previas, cuyo abuso ha paralizado el desarrollo del país en muchos sectores.

36. Los terroristas piden elevar el costo de los delitos contra quienes ejercen la política, al mismo tiempo que exigen completa impunidad para sus miles de crímenes contra miembros de partidos democráticos en Colombia.

37. El acuerdo no contiene ninguna condena a “la combinación de todas las formas de lucha”, estrategia que han practicado los terroristas durante décadas y que ha producido centenares de miles de víctimas en el país.

38. La insistencia del acuerdo en la “no estigmatización” busca impedir que el terrorismo se llame por su nombre: terrorismo.

39. En el acuerdo los terroristas no se comprometen a nada, pero exigen la conformación en el nivel local, regional y nacional, de veedurías, observatorios y sistemas de rendición de cuentas de los compromisos gubernamentales. El ventajismo del terrorismo encuentra campo abonado en el entreguismo del gobierno.

40. El acuerdo establece la eliminación de un umbral mínimo de votación en las elecciones de corporaciones públicas como requisito para que los partidos obtengan y conserven la personería jurídica. Esto es un retroceso inaceptable que lleva a la atomización de los partidos y al debilitamiento de la democracia.

41. La reforma al sistema electoral debe ser obra de los partidos democráticos y no es aceptable esperar a la firma de un acuerdo con los terroristas para hacer “los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios”.

42. El gobierno guarda en secreto cuántas Circunscripciones Especiales de Paz le está ofreciendo a los terroristas, en cuáles sitios del país, con cuántos representantes a la Cámara, y durante cuántos períodos electorales.

43. El acuerdo señala que los partidos democráticos con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos en esas Circunscripciones Especiales. Esto es entregarles las regiones al terrorismo, atenta contra la integridad territorial de la nación, vulnera la democracia y es inaceptable.

III. DROGAS ILÍCITAS

44. En el acuerdo, el Gobierno no obligó a las FARC a reconocer lo que todo el mundo sabe: que son narcotraficantes y que han financiado su violencia contra el pueblo colombiano con los recursos del narcotráfico.

45. Como con la complicidad del Gobierno las FARC no se reconocen como narcotraficantes, en el acuerdo no asumen ninguna responsabilidad en el desmonte de este negocio ilícito. Todos los compromisos específicos para ello son asumidos exclusivamente por el Estado. Otra concesión que abre la puerta a la continuación de los terroristas en el narcotráfico.

46. En el acuerdo, las FARC no se comprometen a destruir sus cultivos de coca ni sus laboratorios de fabricación de cocaína; tampoco se obligan a entregar la rutas de salida de la droga, ni a entregar sus bienes y recursos derivados del narcotráfico.

47. En el colmo del cinismo de las FARC, y de la complacencia gubernamental, el acuerdo llama a intensificar “la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico”. Los colombianos y el mundo saben que la más grande organización criminal dedicada al narcotráfico son las FARC.

48. El Gobierno entregó su soberanía en la lucha contra el narcotráfico al hacerla depender de la ejecución previa de los compromisos de la llamada Reforma Rural Integral y de la sustitución voluntaria de los cultivos de coca.

49. La erradicación de los cultivos de coca queda subordinada al principio de la erradicación voluntaria y concertada. Para que esta ocurra el Estado debe haber garantizado previamente al campesino “condiciones para una vida digna”. Al asumir demagógicamente este compromiso, el Estado renuncia a la aspersión de los cultivos y legaliza la siembra de coca.

50. El acuerdo contempla la extinción de la sanción penal contra los cultivadores de coca, esto será un incentivo adicional que multiplicará los cultivos de coca en el país y en consecuencia hará aumentar el narcotráfico.

51. Las organizaciones comunitarias, – penetradas, manipuladas y sojuzgadas por los terroristas que aún no habrán hecho “dejación” de sus armas-, serán la base de las decisiones de los planes para la erradicación de los cultivos de coca.

52. Como las FARC no se comprometen a entregar sus bienes derivados del narcotráfico, el cumplimiento de este acuerdo será la más grande operación de lavado de activos de la historia colombiana.