Una comisión de la Defensoría del Pueblo se desplazó en las últimas horas al municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar, con el propósito de conocer las graves amenazas que han proferido presuntos integrantes del grupo post-desmovilizado de “Los Urabeños” contra algunos líderes comunitarios que vienen impulsando procesos de restitución de tierras en la región.

La Defensoría llama la atención sobre el caso de la profesora Danit Escorcia y el ciudadano Nicolás Barragán, quienes han sido blanco de intimidaciones desde el pasado 24 de septiembre, cuando comenzaron a circular panfletos atribuidos al grupo armado ilegal, en los que les fijaban un plazo perentorio para abandonar la zona y desistir de sus demandas en favor de la comunidad, so pena de atentar contra su vida.

De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría Regional en su trabajo de campo, la declaratoria de objetivo militar tiene origen en las gestiones que desde el año 2010 se vienen adelantando a través de una solicitud para la titulación colectiva de 2.500 hectáreas de terreno que beneficiarían especialmente a las comunidades negras de Calamar.

Los panfletos amenazantes volvieron a circular el 4 de octubre en los sectores de Barrio Arriba y Barrio Abajo, en un corregimiento cercano, insistiendo en el retiro de las reclamaciones ante el Incoder (que está pendiente de resolver de fondo el trámite administrativo), y acusando a los líderes sociales de vínculos con los grupos guerrilleros que tienen presencia en los Montes de María.

El Defensor del Pueblo (E), Esiquio Manuel Sánchez Herrera, rechazó estas presiones e intimidaciones y dispuso acudir ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y la Alcaldía de Calamar, para que se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad y el derecho a la vida de las personas amenazadas.