Los detenidos quemaron colchonetas y acudieron a las vías de hecho para reclamar la protección de sus derechos, debido al hacinamiento y los problemas derivados de la operación reglamento que adelanta la guardia.

Una comisión de la Defensoría del Pueblo se trasladó en las últimas horas a la Estación de Policía de Mártires, en el centro de la capital de la República, para mediar en el los desmanes generados al interior de la unidad.

El Defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, recordó que la parálisis se ha extendido a 23 establecimientos de reclusión en por lo menos 12 departamentos del país, e insistió en la imperiosa necesidad de buscar mecanismos alternos de solución para asegurar la reseña de las personas con detención preventiva, a fin de permitir su traslado a las cárceles y facilitar la remisión de aquellas beneficiadas con la figura de detención domiciliaria, pues la congestión es tan grave que sólo en el caso de Mártires hay 112 detenidos frente a una capacidad instalada para 40.

La Defensoría estableció que la tercera parte de la población reclusa, es decir alrededor de 52 mil internos, se han visto afectados por la parálisis, situación que ha derivado en jornadas de desobediencia civil, como ocurre en Cómbita y La Dorada, donde las personas privadas de la libertad se han declarado en huelga de hambre ante el inconformismo por el tratamiento al régimen de visitas, la deficiente atención en salud, y problemas de alimentación, entre otras circunstancias.

La Defensoría del Pueblo mantiene el seguimiento para evitar que esta medida de hecho adoptada por la guardia del Inpec no se traduzca en más y mayores perjuicios para los internos, al tiempo que adelanta labores de mediación entre las autoridades penitenciarias y las organizaciones sindicales para facilitar el ingreso paulatino de nuevos reclusos a las cárceles, en aras de descongestionar los centros de reclusión transitoria.

En el caso particular de Bolívar, la Defensoría presentó una acción de tutela en la que se ordenó el cese de la operación reglamento, pero en razón a la falta de aproximación entre las partes, la sentencia no ha sido cumplida.

Los demás establecimientos afectados están ubicados en Valle del Cauca (4), Bogotá (3), Antioquia (3), Meta (3), Atlántico (2), Tolima (2), así como Huila, Boyacá, Santander, Quindío, Caldas y Norte de Santander, cada uno con una cárcel a media marcha.