–Las Farc denunciaron que 90 integrantes de agrupaciones sociales comprometidas con la paz y los derechos humanos han recibido amenazas de muerte por grupos paramilitares, desde que comenzaron las audiencias de La Habana.

Entre los amenazados se encuentran también varias de las víctimas del conflicto que viajaron a La Habana, como Alfonso Mora y Janeth Bautista, señalan los cabecillas del equipo negociador de las Farc en un documento leído al comenzar este domingo el cara a cara con el cuarto grupo de víctimas.

“A fecha de hoy, casi dos meses después de iniciarse las amenazas, estas no han cesado ni se ha producido ninguna puesta a disposición de la justicia de sus responsables, situación que sin duda preocupa sobremanera a todo el pueblo colombiano”, precisan.

A propósito de esta situación, en el escrito afirman que estas audiencias “no deben constituir un simple ejercicio de exposición del dolor causado por el conflicto armado en Colombia”, por lo que declararon “estamos obligados a actuar adoptando medidas inmediatas que eviten la generación de nuevas víctimas”.

Además señalan que esta línea el gobierno colombiano “no puede no puede continuar negándose a reconocer ante la CIDH o ante cualquier otra instancia, su responsabilidad por el exterminio de la UP, ni negarse a reparar el daño causado por este grave caso de victimización colectiva por motivos políticos, que no tiene antecedentes en todo el hemisferio occidental”.

“Es indispensable que el Estado modifique su conducta frente al genocidio de la Unión Patriótica y que contribuya a esclarecer los hechos e identificar a los responsables de la persecución a ese movimiento político, que sigue siendo victimizado”, afirman los cabecillas del equipo negociador de las Farc en un documento que leyeron al recibir a las 12 víctimas del conflicto en Colombia.

“El tiempo apremia y hace urgente un claro compromiso del Estado con la Verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, subrayan.

En su saludo de bienvenida a las víctimas, destacaron “su compromiso con la paz de Colombia manifiesto en la determinación de acudir a este escenario de diálogos con sus testimonios de dolor y su sentimiento de reconciliación”.

En el escrito, en principio, los voceros de las Farc censuran el hecho de que el gobierno de Santos no haya permitido el viaje del guerrillero Tulio Murillo, como “prisionero de guerra y víctima” y que su testimonio se hubiese enviado en un video.

“Esa silla vacía que debiera estar ocupando nuestro compañero Alonso, se erige en un monumento a la intransigencia en medio de un proceso de paz, que se supone está concebido para dar muestras de tolerancia y equilibrio, sin exclusiones ni estigmatizaciones que profundicen las heridas que ha dejado la guerra”, señalan.

“Tal circunstancia agrava sin duda las indignas e inhumanas condiciones en que sobreviven los presos políticos, los prisioneros de guerra, y en general la población recluida en los infiernos degradantes que son los centros penitenciarios de nuestro país”, complementan.

Al respecto denuncian “que más de 90 integrantes de agrupaciones sociales comprometidas con la paz y los derechos humanos recibieron amenazas de muerte por grupos paramilitares, desde que comenzaron las audiencias de La Habana, haciéndose más terrible la odisea que desde siempre han sufrido aquellos que con valentía se atrevieron a defender a quienes son perseguidos por oponerse al régimen de injusticia que impera en Colombia”.

Subrayan que “entre los amenazados se encuentran también varias de las víctimas del conflicto que viajaron a La Habana, como Alfonso Mora y Janeth Bautista. A fecha de hoy, casi dos meses después de iniciarse las amenazas, estas no han cesado ni se ha producido ninguna puesta a disposición de la justicia de sus responsables, situación que sin duda preocupa sobremanera a todo el pueblo colombiano”.

Por otra parte –continúan señalando–, es obligado mostrar nuestra preocupación y dolor por la continuación de asesinatos de sindicalistas colombianos. En menos de dos meses se han producido dos nuevos crímenes. En esta ocasión manifestamos nuestra condena por el crimen contra el dirigente y líder comunitario, Nelson Medina Ortega, quien fue asesinado en la pasada noche del viernes 17 de octubre en Villavicencio. Medina Ortega era presidente de ARCA, Asociación de Regiones del Área Circunvecina de Apiay. Este hecho se suma al ocurrido el pasado mes de agosto cuando fue asesinada Edith Santos, quien era fiscal del Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad, Sinproseg y presidenta de la Corporación de Juntas de Acción Comunal de Castilla- Chichimene, también en el Meta”, dicen.

En los apartes finales del documento manifiestan que las Farc “en su interés por reivindicar plenamente a las víctimas del conflicto han presentado 10 propuestas mínimas con desarrollos específicos representados en al menos 50 iniciativas y líneas orientadoras que contemplan soluciones prácticas para el reconocimiento de sus derechos, el esclarecimiento de la verdad y su resarcimiento integral”.

Y puntualizan: “Reiteramos ante ustedes nuestro compromiso explícito con el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta las particularidades de los conflictos armados internos, del conflicto colombiano y la existencia de una juridicidad guerrillera, que siempre hemos aplicado consecuentemente adoptando medidas sancionadoras contra quienes hayan sido responsables de acciones indebidas”.