Billy Torres, asesor del despacho del Fiscal General, explicó que el sistema delictivo consistía en empezar el trámite de chatarrización y desintegración de los vehículos de carga pesada falsificando documentos públicos y privados en los que constaba la existencia de los automotores armados virtualmente. En otras operaciones, lograban comercializar el cupo del vehículo virtual.

Durante la primera fase de la investigación la Fiscalía halló 52 casos de vehículos que no existen pero que tienen documentos al parecer en regla. Los tractocamiones nunca existieron; pero la banda cobró al Estado por ellos la suma de 3.640 millones de pesos, teniendo en cuenta que por cada automotor se pagaron 70 millones de pesos.

Las siguientes fases de la investigación conllevan el análisis de 2875 procesos de desintegración de tractocamiones en el país.

Para lograr el cometido de este ilícito, en la banda había un empleado del Ministerio de Transportes, cuya función principal estaba relacionada con el manejo de los documentos de los vehículos virtuales. Esta persona cambiaba en las bases de datos el tipo de servicio de público a particular, de volqueta a tractocamión (esto no lo permiten las normas) o de aumento de la capacidad de carga.

Seis personas que se dedicaban a armar camiones virtualmente con piezas de vehículos en proceso de chatarrización fueron capturadas por la Fiscalía con el apoyo de la Dijin. Con esta operación, le cobraban al Estado 70 millones de pesos por cada vehículo que construían en documentos mas no en la realidad.

La banda, conocida como Los Desintegradores, fue detectada desde el año 2013 y recibía el pago por cada vehículo que presentaba ante el Ministerio de Transporte para presuntamente someterlo al proceso de chatarrización.

Por este proceso, la Fiscalía imputará cargos por los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento agravada, estafa agravada y fraude procesal.