–La máxima condena –60 años de cárcel –en contra dos oficiales, dos suboficiales y quince soldados del Ejército responsables del asesinato de dos jovenes de Soacha en desarrollo de los llamnados “falsos positivos”, pidió a un juzgado especializado de Cundinamarca, la Dirección Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, la cual, al mismo tiempo demandó que estos crímenes sean declarados de lesa humanidad.

Los dos oficiales implicados en el asesinato de los dos muchachos, ocurrido en agosto de 2008 en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, son el coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón Amado, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander y el capitán Henry Mauricio Blanco Barbosa.

Los dos oficiales estaban al mando de dos suboficiales y 15 soldados del Ejército Nacional, quienes ultimaron a Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, y luego los reportaron como integrantes de bandas criminales “muertos en combate”.

El fiscal delegado en este proceso les imputó cargos a los 19 uniformados por desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público y pídió al juez de conocimiento que sean declarados como delitos de lesa humanidad.

En los alegatos de conclusión, el ente acusador señaló que quedó suficientemente probado que en el municipio de Soacha de manera secuencial y sistemática, fueron desapareciendo varios jóvenes, entre ellos Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez.

Además destacó que quedó demostrado que después de unas horas aparecían reportados como miembros de bandas criminales y que habían sido dados de baja en supuestos combates sostenidos con el Ejército Nacional en la ciudad de Ocaña.

Agregó que para tal fin, fueron falsificados documentos que soportaban el informe de tales combates, además que permitieron que los inhumaran como no identificados, para evitar su reconocimiento.

De la misma manera fue probado en juicio que los reclutadores, integrantes de la banda criminal, recibieron dinero por la labor ejecutada en sus diferentes fases.

Igualmente, que hubo carros del Ejército que fueron puestos al servicio de la organización delictiva para el transporte al lugar de los hechos.

Durante el juicio rindieron testimonio labriegos que observaron los automotores desplazarse por el lugar donde ocurrió el homicidio y que minutos después escucharon los disparos.

De acuerdo con la Fiscalía, se comprobó que no existió algún combate porque las víctimas no dispararon ninguna arma aunque aparecieron en poder de armamento con todas sus municiones.

“Como se pretende creer que las víctimas sin conocer el terreno, sin lentes de visión nocturno, sin medios de transporte pretendían iniciar un enfrentamiento y más aun con miembros del Ejército que los superaban en todo sentido”, relató el fiscal del caso.

También se demostró que las víctimas no tenían razón suficientemente para estar a cientos de kilómetros de sus viviendas, mientras que a los uniformados no les aparece en los registros de la institución la autorización para desplazarse a ese lugar con fines militares.

Por último, se estableció que las víctimas fueron halladas sin vida con indumentaria de clima frío y que además eran “personas de buenas familias e hijos de matrimonios estables”, según se constató con las declaraciones de habitantes del municipio de Soacha.

Los 19 procesados permanecen recluidos en una guarnición militar.