Tras la suspensión de los diálogos de paz por el secuestro del general Rubén Darío Alzate, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, pidió claridad frente a las circunstancias que rodearon este plagio.

En un comunicado, el defensor Otálora señaló que «Es necesario y urgente que el Gobierno, las Fuerzas Militares y fundamentalmente las Farc le ofrezcan al país toda la claridad sobre los hechos que rodearon la privación de la libertad del Alto Mando y sus acompañantes, pues las versiones que hasta el momento se conocen sólo generan confusión e incertidumbre».

Otálora Goméz indicó que «Sea cualquiera el motivo para privar de la libertad al General Alzate, las Farc tienen la obligación que les impone el Derecho Internacional Humanitario de respetar su vida e integridad personal».

El comunicado de la Defensoría del Pueblo agrega que «teniendo en cuenta que la libertad inmediata de los secuestrados es un imperativo y un deber impostergable, es menester que las Farc a través de una misión conformada por organismos humanitrarios, realicen la entrega de las personas secuestradas en el Chocó y los soldados privados de la libertad en el departamento de Arauca, para lo cual la Defensoría del Pueblo ofrece su concurso, si así lo consideran».

Por último puntualiza que «Una vez se produzca la liberación de todas las personas secuestradas, es necesario que el Gobierno y las Farc reanuden lo más pronto posible los diálogos de paz en La Habana, pues ellos mismos deben honrar el compromiso de cumplir con el mandato que los colombianos les dieron para avanzar en la búsqueda de una solución negociada al conflicto».