La Paz es concebida como un derecho constitucional colectivo por antonomasia, es el derecho síntesis de posibilidades de disfrute integral de los demás derechos en condiciones de dignidad. Es también un derecho de autonomía, participación y posibilidad de acceso a los asuntos públicos e implica el derecho a vivir en una sociedad que excluya la violencia como medio de solucionar los conflictos, que impida la violación a los derechos humanos y que proteja a sus ciudadanos frente a la arbitrariedad, la violencia y el terrorismo. En este sentido, la paz no es la simple ausencia de guerra, ni reducirse a la seguridad nacional y la tranquilidad pública. La paz es concebida actualmente como derecho de la solidaridad.
El artículo 22 de la Constitución Política establece que “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” Concordante con este postulado, la Carta consagró la participación de todas y todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (artículo 2); que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo (artículo 3) y establece entre los deberes de la persona y del ciudadano participar en la vida política, cívica y comunitaria y “propender al logro y mantenimiento de la paz” (artículo 95).
Sin embargo, la realidad es diferente: millones de vidas sacrificadas en medio siglo de guerra. Más de cuatro millones de desplazados. Miles de desaparecidos. Billones de pesos perdidos en la guerra. Desprecio absoluto por la vida.
En la víspera de cumplirse dos años de las conversaciones en la Habana, abundan las razones para volver a intentar el diálogo con el objetivo de dar cumplimiento al mandato constitucional y lograr una salida negociada de la guerra, pese al extraño e insólito secuestro o entrega del general Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, creada para combatir dos frentes de las FARC, uno del ELN y varias bacrim que operan en el área rural de Quibdó, quien vestido de civil, desarmado y en compañía de un cabo y una abogada se aventuró en la conflictiva zona dejando de lado todos los protocolos de seguridad y las más elementales previsiones en las que es ducho un general con su experiencia y antecedentes.
A los colombianos nadie nos puede negar el derecho a lograr la paz, porque todos directa o indirectamente hemos sido víctimas de la guerra.
Hagamos voto porque de esta crisis, calificada como la más grave por la que haya pasado el proceso, sea superada con prudencia y gestos de paz bilaterales, reflejada en la liberación inmediata de las personas retenidas y acordar mecanismos para desescalar el conflicto armado, aunque aún no se hable de tregua o cese al fuego bilateral como sería lo ideal.
Como fácilmente se colige, el diálogo en medio de las confrontaciones, tesis defendida por el Gobierno, resulta en gran medida vulnerable a situaciones y circunstancias que, muchas veces, están fuera del control de las partes, por lo cual se impone un replanteamiento del tema.
Sin embargo, el trámite ha estado apegado al marco en el que se desarrollan los diálogos y estos habían sobrevivido incluso a hechos como la muerte del jefe máximo de las FARC, Alfonso Cano, en un bombardeo hecho por las fuerzas militares colombianas.
La comunidad internacional y la Iglesia hacen votos por la solución rápida y pacífica del caso, la Cruz Roja ya está en el campo haciendo labores de mediación, algunos recuerdan los elementos básicos del instrumento de negociaciones llamado Dilema del Prisionero.
En este sentido, sin pretender imponer criterios, nos parece que en el proceso falta una tercería o mediación, la cual a modo de veeduría blinde al proceso frente a hechos como los sucedidos el fin de semana. Ese papel sería desempeñado no solamente por los llamados países garantes sino por un organismo internacional como la ONU.
